La Generalitat se personará como acusación popular por el asesinato machista de Ana María en Benicàssim
La Generalitat ejercerá la acción popular en el procedimiento judicial relacionado con el asesinato de Ana María S.P., ocurrido en Benicàssim el pasado mes de febrero y considerado un caso de violencia sobre la mujer.
La decisión ha sido aprobada por el Consell, que ha autorizado a la Abogacía General de la Generalitat a asumir la representación institucional en el proceso penal, en cumplimiento de la normativa autonómica de protección frente a la violencia de género.
Respuesta institucional frente a la violencia machista
Desde el Gobierno valenciano se ha recordado que la violencia contra las mujeres constituye un problema social de interés general que exige una actuación activa por parte de las administraciones públicas para avanzar hacia su erradicación.
La medida se enmarca dentro del protocolo de actuación institucional de la Generalitat en casos de asesinatos de mujeres víctimas de violencia de género, una estrategia que busca coordinar esfuerzos y visibilizar el rechazo social e institucional ante este tipo de crímenes.
Amparo legal para ejercer la acción popular
La Generalitat fundamenta su actuación en distintas normas autonómicas. Entre ellas, la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Comunitat Valenciana permite a la Conselleria competente proponer al Consell el ejercicio de la acción popular en casos de agresiones que causen la muerte o lesiones graves a mujeres residentes en la Comunitat.
Además, la Ley Integral contra la Violencia sobre la Mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana establece que la Generalitat ejercerá la acción popular en todos los procedimientos penales relacionados con delitos de violencia sobre la mujer con resultado de muerte, así como en aquellos que generen una especial alarma social o provoquen lesiones graves.
Compromiso contra la violencia de género
Con esta decisión, el Consell refuerza su compromiso institucional frente a la violencia machista y muestra su apoyo a las víctimas y sus familias mediante la participación directa en el proceso judicial.
La representación y defensa jurídica corresponderá a los abogados y abogadas de la Generalitat integrados en la Abogacía General, tal y como establece la legislación autonómica vigente.
