La Plataforma por la reversión del Vinalopó ha recibido esta mañana la peor de las noticias y es que, como han dicho, “gana el negocio y pierde la salud”. Han recibido como un jarro de agua fría la afirmación que ha hecho esta mañana el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, quien confirmaba hoy la prórroga de cinco años a Ribera Salud para que siga gestionando el Departamento de Salud de Elx-Crevillent.
Para la ciudadanía organizada se trata de una prórroga injustificada, que han tachado de ideológica y han lamentado que se tome esta decisión teniendo en cuenta que Sanidad no ha sido capaz ni de aportar la información solicitada por la plataforma sobre las normas de verificación y coordinación, en las cuales según el propio conseller en nota de prensa a 30 de mayo de 2024 aseguró que serían vinculantes.
«Se anuncia sin tener en cuenta a la ciudadanía»
Así mismo, también dijo que sería vinculante la liquidación de la deuda pendiente de Ribera Salud con la Generalitat Valenciana, que no ha saldado y que Compromís cifró en más de 70 millones de euros hace unas semanas.
“Es increíble que tomen esta decisión, que anuncian por la puerta de atrás, sin tener en cuenta las más de 15.000 firmas que pidieron el año pasado la reversión, sin responder al Síndic de Greuges ni a la plataforma en sus peticiones de información y sin saldar las liquidaciones pendientes. Se supone que una gestión concertada es porque es más eficaz y rentable, ya hemos visto para quién es rentable: para el bolsillo de Ribera Salud porque la ineficacia la comprobamos en nuestras propias carnes cada día”, ha lamentado María Dolores Juan, de la plataforma.
Por otro lado, desde la plataforma han denunciado que se solicitó en el mes de enero parte de la información sobre las normas de verificación y coordinación que ya debiera tener la conselleria a su disposición a fecha de 30 de septiembre de 2024, como así marcan las propias normas dictadas por la misma conselleria y remitidas a Ribera Salud.
La plataforma recibió una respuesta de Sanidad para ampliar el plazo de un mes, “por lo que entendemos que, o bien Sanidad no quiere aportar la información, o bien la empresa ni tan solo ha remitido la información que se le exigió”, ha asegurado Eva Irles, de la plataforma.
150.000 usuarios afectados
Por lo tanto, para la ciudadanía organizada “es muy grave que se tome una decisión que va a afectar a más de 150.000 personas usuarias de este departamento de salud en los municipios de Elx, Crevillent, Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes y la pedanía de Barbarroja de Orihuela, sin tener la información que la misma conselleria de Sanidad requirió a Ribera Salud, sin tener en cuenta a la ciudadanía, sin tener en cuenta las liquidaciones pendientes y lo más importante, sin tener en cuenta a las plantillas de profesionales y a las personas usuarias”, ha añadido María Dolores Juan.
En la plataforma han lamentado que una vez más gane el negocio en contra de la salud y han criticado que el Departamento de Elx-Crevillent seguirá siendo el único de la Comunitat Valenciana privatizado y que pone por delante los beneficios de una empresa a la salud de las personas.
