La Generalitat, a través de la Conselleria de Justicia e Interior, tiene previsto realizar las obras de emergencia en la sede judicial de Requena con el fin de aumentar su capacidad para tramitar los procedimientos judiciales debido a las consecuencias producidas por la riada, responder a la creciente demanda y mejorar las condiciones de trabajo en la sede, contribuyendo a una mayor eficiencia en la atención a los ciudadanos.
Para reforzar la infraestructura judicial de Requena, la Conselleria de Justicia, ha previsto una inversión en torno a 54.000 euros para las obras, mientras que los servicios técnicos de coordinación y dirección suponen un coste adicional aproximado de 5.500 euros.
En este sentido, se van a incorporar al partido judicial de Requena, un nuevo gestor, dos tramitadores y un auxiliar, con lo que se da cumplimiento a la solicitud acordada por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
Descripción de las obras
La sede, que alberga los cuatro juzgados de Primera Instancia e Instrucción de la planta orgánica vigente, presenta una limitación en la disposición de sus espacios. Para implementar este refuerzo, se llevará a cabo la adecuación de un área de la planta primera, actualmente destinada a sala de espera, mediante un procedimiento de emergencia que incluye la construcción de un tabique que combine mamparas de vidrio y paneles ciegos, con dos puertas de acceso equipadas con barreras fónicas y vinilo traslúcido.
Además, está previsto llevar a cabo la adecuación de pavimentos y falsos techos, si resulta necesario.
Asimismo, las obras incluyen la instalación de puestos de trabajo conectados al sistema principal, incluyendo dotación para un despacho contiguo. Implementación de iluminación adecuada para tareas de oficina y la instalación de un sistema de climatización específico que permita el uso independiente del espacio.
Esta actuación refleja el compromiso de la Generalitat por mantener operativas y en condiciones óptimas las infraestructuras judiciales de la Comunitat Valenciana, garantizando así el acceso a la justicia y la continuidad de los servicios.
