El aumento se aplicará de forma automática sin necesidad de que los beneficiarios lo soliciten
El Consell ha aprobado un decreto por el que se incrementan en 174 millones de euros la cuantía total de las ayudas destinadas a compensar la pérdida de vehículos siniestrados durante la riada del 29 de octubre de 2024, al mismo tiempo que se establece un nuevo plazo de solicitud entre el 1 y el 22 de octubre para aquellos afectados que no las solicitaron en las anteriores convocatorias,
Las nuevas cuantías máximas de las ayudas se duplican respecto a las inicialmente concedidas. Así, teniendo en cuenta los abonos ya realizados, las cantidades totales oscilarán entre 500 euros para ciclomotores y hasta 30.000 euros para autobuses y autocares, con ejemplos intermedios como 4.000 euros para turismos, 5.000 euros para turismos adaptados a personas con movilidad reducida, 18.000 euros para camiones de gran tonelaje o 16.000 euros para maquinaria agrícola y de obras. En total, se contemplan más de 40 tipologías de vehículos.
Gestión automática del incremento
La Agencia Tributaria Valenciana (ATV) será la encargada de tramitar el incremento sin que los beneficiarios tengan que solicitarlo de nuevo. El pago del incremento de las ayudas se realizará mediante transferencia a la cuenta bancaria en la que se abonó a las personas beneficiarias la ayuda inicial.
Además, el decreto establece un plazo de cinco días hábiles tras su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) para posibles renuncias al aumento por parte de las personas beneficiarias.
Considerando que se incrementa significativamente el importe inicial de las ayudas, se estima necesario también habilitar un nuevo plazo extraordinario de presentación de solicitudes, que permanecerá abierto del 1 al 22 de octubre de 2025.
A este nuevo plazo se podrán acogerse quienes no solicitaron las ayudas en las convocatorias anteriores, o en caso de haberlas pedido, que sea para un vehículo distinto.
El incremento de las ayudas responde al carácter catastrófico y excepcional de la DANA y a la magnitud de los daños detectados en los expedientes, con el objetivo de aproximarse lo máximo posible a la reparación de las consecuencias económicas y reforzar la recuperación socioeconómica de las zonas afectadas.
