La Diputación de Castellón va a exigir al Gobierno de España que respete la autonomía local y permita a las entidades locales utilizar sus recursos propios para realizar inversiones que beneficien a la ciudadanía.
El Gobierno Provincial ha impulsado una moción para su aprobación en el próximo pleno ordinario, con el objetivo de instar al Ejecutivo central a modificar la legislación actual y así permitir a las administraciones locales hacer uso de su superávit para mejoras en servicios y obras municipales.
“No podemos permitir que las administraciones sean castigadas por decisiones arbitrarias del Gobierno”, afirma Marta Barrachina.
La falta de presupuestos limita a los municipios
La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha señalado que la falta de Presupuestos Generales del Estado dificulta la estabilidad económica de las entidades que sí han cumplido con el control del gasto. “Tiene como principales damnificados a los ciudadanos, porque afecta directamente a la gestión de los servicios públicos”, ha lamentado.
Además, ha denunciado que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha determinado que el superávit municipal no podrá invertirse en los pueblos, sino que sólo podrá destinarse al pago de deuda, a pesar de que hay ayuntamientos que no tienen deuda alguna.
“Nos niegan inversiones y secuestran nuestra autonomía”, denuncia la presidenta provincial.
Barrachina ha añadido que “estamos hablando de dinero que ya está en nuestras arcas, destinado a mejorar calles, espacios públicos, centros sociales o servicios esenciales”. La presidenta ha calificado de “incomprensible” que el Gobierno central imponga cómo se deben usar esos recursos.
Una moción con exigencias concretas
La moción que se debatirá el martes 22 de abril incluye varias exigencias. En primer lugar, revisar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para permitir a las entidades locales usar su superávit de forma autónoma.
También se pide que el Gobierno adopte medidas urgentes para garantizar la entrega de los fondos a cuenta por la participación en los tributos del Estado (PTE), anunciados a la FEMP en julio pasado durante la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL).
En total, se reclaman 28.935 millones de euros para 2025, y se solicita además la urgente convocatoria de la CNAL.
Puedes ampliar la información en la web de la Diputación de Castellón o en la FEMP, donde se sigue de cerca la evolución de esta demanda.
