El Sindicato de Prisiones ha exigido mayor protección para los funcionarios de prisiones bajo el lema «Tu abandono me puede matar»
Los hechos se han producido en el módulo 20 del centro penitenciario de Picassent, donde cumplen condena internas clasificadas en primer grado, el régimen reservado a personas con mayor inadaptación al sistema ordinario y un historial de incidentes graves.
Dos internas comenzaron una pelea en el patio del módulo. De inmediato, las funcionarias de servicio intervinieron para separarlas y evitar que la situación fuera a más.
Golpe directo en la zona del oído y la mandíbula
Durante la intervención, una de las internas aprovechó el forcejeo para golpear a una de las trabajadoras en la zona del oído y la mandíbula, causándole lesiones que obligaron a interrumpir su servicio. La agresora fue reducida por el personal penitenciario, restableciendo el control en el módulo.
Atención médica y traslado a un hospital
Tras la agresión, la funcionaria fue atendida por los servicios médicos del centro penitenciario para una primera valoración. Posteriormente, fue trasladada al servicio de urgencias hospitalarias con el fin de realizarle más pruebas y descartar lesiones de mayor gravedad.
Desde el entorno laboral de la trabajadora se ha deseado una pronta y completa recuperación.
Solicitud de traslado de la interna agresora
El sindicato Tu Abandono Me Puede Matar ha reclamado el traslado de la interna agresora a otro centro penitenciario, al considerar que se trata de un perfil especialmente violento que supone un riesgo para la seguridad del personal.
El colectivo sindical ha insistido en la necesidad de medidas disuasorias más contundentes para evitar nuevas agresiones dentro de los centros penitenciarios.
Reclamación de mayor protección legal para los funcionarios
Desde el ámbito sindical se ha denunciado el abandono institucional que sufren los trabajadores penitenciarios en el conjunto del Estado. Recuerdan que en Cataluña se ha reconocido recientemente la condición de Agentes de la Autoridad a los funcionarios de prisiones, lo que conlleva un mayor reproche penal para los agresores.
En el resto del país, denuncian que la tramitación de esta figura legal sigue bloqueada por prórrogas sucesivas, lo que, a su juicio, incrementa la vulnerabilidad del personal y la responsabilidad política ante cada nueva agresión.
