El director general de Industria y Cadena Agroalimentaria, Ernesto Fernández, y el director general de Política Agraria Común, Ángel Marhuenda, han encabezado una agenda de trabajo en la capital comunitaria con reuniones con representantes de la Comisión Europea y de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea (REPER). También han participado en encuentros del Grupo de la Organización Común de Mercados (OCM) y de la Asamblea de Regiones Europeas Hortofrutícolas (AREFLH).
Durante estos contactos, los representantes de la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca han defendido que el próximo marco agrario europeo debe responder a las particularidades productivas de la Comunitat Valenciana y ofrecer garantías para mantener la actividad en el campo.
La Generalitat rechaza la cofinanciación nacional de las ayudas hortofrutícolas
Uno de los principales asuntos abordados en Bruselas ha sido el futuro de la financiación de los programas operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas (OPFH).
La Generalitat ha trasladado su rechazo a la propuesta de introducir un sistema de cofinanciación nacional para estas ayudas en la próxima PAC. Actualmente, estos programas cuentan con financiación comunitaria a través del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA).
El director general Ernesto Fernández ha advertido de que trasladar parte de la financiación a los Estados miembros podría comprometer la capacidad de actuación de las organizaciones
Esta reivindicación también se ha defendido en los encuentros de la AREFLH, organización en la que participa la Comunitat Valenciana a través de su colegio de regiones y que representa los intereses de los territorios europeos productores de frutas y hortalizas.
Además de la financiación, los representantes valencianos han puesto sobre la mesa otros problemas que afectan a la competitividad del sector. Entre ellos destacan la presión de las importaciones procedentes de terceros países, la disponibilidad limitada de materias activas para combatir plagas y enfermedades y el incremento de las obligaciones administrativas que deben cumplir los agricultores.

Aplazar el cuaderno electrónico y reducir la burocracia
Otro de los puntos centrales de la agenda ha sido la aplicación de las nuevas obligaciones administrativas vinculadas a la actividad agraria.
En la reunión con la Representación Permanente de España ante la Unión Europea, Ernesto Fernández y Ángel Marhuenda han analizado el calendario de negociación de la futura PAC y los debates sobre el nuevo sistema de ayudas para el periodo 2028-2034.
Marhuenda ha reclamado que los criterios de aplicación de los pagos directos tengan en cuenta las características de las explotaciones valencianas, evitando que las nuevas exigencias administrativas perjudiquen especialmente a los agricultores con menos recursos.
Asimismo, ha solicitado aplazar la obligatoriedad del registro electrónico de los tratamientos fitosanitarios, prevista para el 1 de enero de 2027, y establecer excepciones para las pequeñas explotaciones.
La Generalitat considera que estas medidas permitirían evitar nuevas cargas burocráticas en un sector en el que el envejecimiento de los titulares de las explotaciones supone una dificultad añadida para adaptarse a los procedimientos digitales.
El relevo generacional, una de las grandes preocupaciones del campo valenciano
La continuidad de la actividad agraria también ha ocupado un lugar destacado en las reuniones con las instituciones europeas.
En el encuentro con María Gafo, jefa de unidad de Sostenibilidad Social y coordinadora de igualdad de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, los representantes valencianos han insistido en la necesidad de que la próxima PAC mantenga un respaldo suficiente a agricultores y ganaderos.
Durante la reunión se ha abordado el riesgo de abandono de las explotaciones y las dificultades que encuentran los jóvenes para incorporarse al sector
La Generalitat ha defendido que la futura política agraria debe contemplar las particularidades de la estructura productiva valenciana y contribuir a garantizar unas condiciones económicas que hagan viable la incorporación de nuevas generaciones.

La crisis del arroz y la falta de rentabilidad de las explotaciones
La agenda de trabajo en Bruselas también ha incluido reuniones con representantes de las regiones italianas de Piamonte y Emilia-Romaña, con las que la Comunitat Valenciana comparte diferentes desafíos agrarios.
Entre los problemas comunes figuran la reducida dimensión de las explotaciones, el envejecimiento de sus titulares, las dificultades para garantizar el relevo generacional y la disponibilidad de agua en cantidad y calidad suficientes.
Uno de los asuntos que ha centrado estos contactos ha sido la situación del sector arrocero, que atraviesa dificultades por la caída de los precios hasta niveles que complican la cobertura de los costes de producción.
En este sentido, los representantes de la Generalitat han abordado el proyecto de dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre el futuro del arroz en Europa, que plantea la necesidad de impulsar una estrategia común para afrontar los problemas que amenazan la competitividad de esta producción.
La posición trasladada por la Comunitat Valenciana busca que las instituciones europeas tengan en cuenta las necesidades de las regiones productoras y articulen medidas que permitan garantizar la continuidad de un sector especialmente condicionado por sus costes, sus características productivas y la disponibilidad de recursos hídricos.















