El portavoz de Infraestructuras del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Joserra González de Zárate, ha explicado que las enmiendas de su formación al proyecto de Ley del Suelo de la Comunitat Valenciana tienen como objetivo mejorar las herramientas para impulsar vivienda protegida, agilizar los procedimientos urbanísticos y ofrecer soluciones a los problemas que afectan a ayuntamientos, propietarios y ciudadanos.
«Estas enmiendas van a ayudar a movilizar terreno para construir más vivienda accesible y también van a defender la voz de los ayuntamientos, entre otras propuestas beneficiosas», ha señalado.
Las propuestas destacadas por González de Zárate se centran en dos líneas de actuación. La primera permitirá destinar a vivienda protegida determinadas parcelas privadas vacantes que el planeamiento urbanístico reserva para equipamientos y que permanecen sin edificar. La medida busca movilizar suelo disponible para ampliar la oferta de vivienda asequible sin necesidad de modificar previamente el planeamiento, siempre con carácter excepcional y manteniendo las garantías urbanísticas y legales.
Según el texto presentado, las viviendas deberán estar sometidas de forma permanente a algún régimen de protección pública, sin posibilidad de convertirse posteriormente en vivienda libre.
«No tiene sentido mantener solares privados vacíos durante años si pueden contribuir a solucionar el problema de acceso a la vivienda. Queremos aprovechar todas las oportunidades de suelo disponibles, con reglas claras y sin renunciar a las obligaciones urbanísticas», ha afirmado el portavoz de Infraestructuras.
El PP quiere reforzar el papel de los ayuntamientos
La segunda enmienda busca reforzar el papel de los ayuntamientos cuando un plan de acción territorial de la Generalitat establezca directamente la ordenación pormenorizada de un ámbito.
En esos casos, será obligatorio solicitar previamente un informe municipal. Si este es desfavorable, la Administración autonómica deberá justificar expresamente el interés supramunicipal o la competencia que ampara su decisión, así como las razones para mantener la ordenación propuesta.
«La Generalitat no puede ordenar el territorio de espaldas a los municipios. Los ayuntamientos conocen su realidad, deben tener voz y, si hay discrepancias, cualquier decisión tiene que estar debidamente justificada», ha señalado González de Zárate.
El portavoz popular ha defendido que estas propuestas mejoran un proyecto que ya incorpora instrumentos para reservar al menos el 50 % de la edificabilidad residencial de los nuevos instrumentos públicos de vivienda a vivienda protegida. También contempla simplificar el planeamiento en municipios de menos de 1.000 habitantes o en riesgo de despoblación e impulsar proyectos estratégicos que generen inversión y empleo.
«Esta ley no va de construir sin límites, sino de poner suelo a disposición de quienes necesitan una vivienda, dar seguridad jurídica y facilitar que los municipios puedan desarrollarse sin perder de vista la protección del territorio», ha concluido.
