Hay tramas que se cuentan mal porque se empiezan a contar por el dinero. Esta comienza antes: comienza por el agua.
El nuevo auto del caso Azud, de más de trescientas páginas, da por concluida la instrucción y acuerda continuar el procedimiento abreviado respecto de 38 investigados. No declara culpabilidades: considera que existen indicios suficientes para que las acusaciones decidan ahora si solicitan la apertura de juicio oral.
Entre las operaciones reconstruidas por la instructora hay una que une urbanismo, influencia política, una empresa pública y gastos electorales. Su escenario es Xixona. Su nombre, El Espartal.
El empresario Jaime Febrer, a través del Grupo Axis, tenía un importante interés económico en desarrollar allí un Programa de Actuación Integrada. El proyecto, sin embargo, tropezaba con un obstáculo difícil de recalificar: necesitaba acreditar recursos hídricos suficientes. Sin agua no había PAI; sin PAI, tampoco negocio.
Según la investigación, es entonces cuando aparece José Luis Vera.
No como funcionario ni como representante de ninguna Administración, sino como un abogado relacionado profesional y personalmente con el entorno socialista. Para la instructora, su valor residía en su influencia y en su capacidad para acceder a personas e instituciones vinculadas al PSOE.
- Vera se reunió con Joan Navarro, entonces director de Relaciones Institucionales de Acuamed, la empresa pública dependiente del Ministerio de Medio Ambiente.
Los correos incorporados a la causa muestran contactos entre ambos para articular un acuerdo con el Ayuntamiento de Xixona que permitiera resolver el suministro y evitar que el proyecto quedara paralizado.
El acuerdo de intenciones fue aprobado en enero de 2007. El convenio definitivo entre Acuamed y el Ayuntamiento se firmó en febrero de 2008, pese a los informes desfavorables del interventor y del secretario municipal, aunque nunca llegó a ejecutarse y El Espartal tampoco se desarrolló. Para la instructora, su tramitación ya suponía una ventaja sustancial para Febrer: abría una vía para que el Estado asumiera el coste de la ampliación de la desaladora necesaria para abastecer el proyecto.
Y es ahí donde el agua empieza a mezclarse con la política.
El auto sostiene que Febrer entendió que para obtener resultados favorables a los intereses de Axis debía pagar un «peaje». La investigación sitúa entonces distintas reuniones entre el empresario, Vera y personas relacionadas con el PSPV-PSOE. Entre ellas aparece José María —Pepe— Cataluña, antiguo responsable de Finanzas de los socialistas valencianos, cuya causa ha sido posteriormente archivada por prescripción.
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La contraprestación investigada no habría adoptado la forma más rudimentaria: una transferencia directa desde una empresa de Febrer hasta una cuenta del partido.
El trayecto descrito es más largo. El dinero habría pasado por Gigante Edificaciones y Obras, sociedad considerada interpuesta por la instructora, para terminar pagando facturas emitidas por empresas que realizaban trabajos relacionados con la campaña socialista.
- La UCO sitúa alrededor de El Espartal el pacto de una comisión de dos millones de euros e identifica, entre otros destinos, 563.500 euros para Vera y 615.823,50 para gastos que habrían beneficiado al PSPV-PSOE.
- Dentro de esta segunda cifra aparecen los 484.480,46 euros que Gigante pagó a cinco empresas vinculadas con trabajos publicitarios o electorales de 2007.
- Metrofilms recibió 141.923,68 euros; Industria Gráfica Valenciana, 120.004; KEY, 102.080; Publipress, 87.105,70; y Cronosport, 33.367,08.
La cifra importa. Pero importa más lo que había detrás de algunas facturas.
Los 33.367,08 euros abonados a Cronosport correspondían, según el auto, a un pedido realizado por Contexto Moda y Comunicación, la empresa que llevaba la campaña socialista de 2007 y, en concreto, la candidatura de Carmen Alborch a la Alcaldía de Valencia.
- El encargo incluía 80.000 chapas, 125.000 globos blancos, otros tantos rojos, 5.000 llaveros, 1.000 kilos de caramelos, 500 camisetas y más material promocional. Gigante habría asumido parte de aquella factura.
- Industria Gráfica Valenciana había recibido del PSOE el encargo de editar el programa autonómico para las elecciones de 2007.
Gigante le pagó 120.004 euros mediante cuatro facturas. Sin embargo, siempre según la resolución, el partido únicamente declaró 19.000,18 euros como gasto electoral correspondiente a esa empresa.
- La diferencia es uno de los elementos que utiliza la investigación para sostener que parte de la campaña estaba siendo abonada por alguien distinto de quien se beneficiaba de ella.
Publipress recibió 87.105,70 euros por folletos y vallas electorales. Metrofilms cobró 141.923,68 euros por producción audiovisual y estaba participada por Contexto Moda y Comunicación, la misma sociedad que asesoraba al PSOE durante aquella campaña.
El caso de KEY resulta todavía más revelador. Su factura de 102.080 euros no correspondía formalmente a propaganda socialista, sino a la creatividad, impresión y distribución de candidaturas, cartas y sobres electorales de Unión Valenciana.
El auto sostiene que el encargo procedió de Francisco Martínez Rico, entonces tesorero del PSOE, quien habría indicado que la factura se emitiera a nombre de Gigante. La finalidad atribuida por la instructora era favorecer a Unión Valenciana para que restara votos al Partido Popular.
- La hipótesis judicial, por tanto, va más allá del pago de gastos propios.
Incluye también el supuesto abono de propaganda de una candidatura ajena cuya participación se consideraba electoralmente útil para el PSOE.
Gigante ocupa una posición esencial en esta arquitectura. Según la investigación, algunos de los servicios que justificaban sus cobros no respondían a trabajos reales. La sociedad habría recibido fondos del entramado de Febrer y pagado después a los proveedores. Axis no transfería dinero al partido: una empresa interpuesta abonaba trabajos de los que el partido se beneficiaba. No hacía falta que el dinero entrara en su cuenta si alguien liquidaba sus facturas.
También conviene delimitar el papel de Joan Navarro.
El auto lo sitúa como la pieza institucional que habría facilitado desde Acuamed la solución buscada por Axis. No afirma que recibiera personalmente el dinero destinado a los proveedores electorales.
- Su conexión es funcional: Vera contacta con Navarro; Acuamed abre la vía del convenio; el proyecto obtiene una salida administrativa; y alrededor de esa ventaja, según la tesis de la investigación, se articula el supuesto peaje.
Nada de esto constituye todavía una sentencia. El auto es recurrible, las acusaciones aún deben formular sus escritos y todos los investigados conservan su presunción de inocencia. Tampoco es jurídicamente lo mismo identificar trabajos electorales pagados por terceros que condenar al PSPV-PSOE por financiación ilegal.
Algunos posibles delitos electorales relacionados con hechos de 2007 estarían prescritos y el delito específico de financiación ilegal de partidos no se incorporó al Código Penal hasta 2015.
Pero la prudencia jurídica no obliga a fingir que el auto no dice lo que dice.
La instructora identifica empresas, facturas, importes, correos, reuniones y trabajos electorales concretos. Lo que deberá determinarse es si la interpretación que hace de esos elementos resiste los recursos, la contradicción de las defensas y, en su caso, la prueba de un juicio.
El dinero no necesita atravesar la puerta de un partido para terminar pagando su campaña. A veces le basta con quedarse fuera y abonar las facturas que el partido deja dentro.
- «Cui bono?» «¿A quién beneficia?»
- Lucio Casio, citado por Cicerón en En defensa de Sexto Roscio Amerino.
