La Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio ha concedido 767.386,09 euros en ayudas para impulsar la digitalización de pymes y microempresas de la Comunitat Valenciana mediante la incorporación de tecnologías digitales avanzadas.
La convocatoria INTECA 2026 ha recibido un total de 101 solicitudes, de las que 46 serán beneficiarias de estas ayudas. Además, se ha establecido una lista de reserva con otros 16 expedientes que podrían recibir financiación si aumenta la disponibilidad presupuestaria o se producen renuncias.
Los incentivos están destinados a proyectos que incorporen tecnologías como inteligencia artificial, big data o internet de las cosas, con el objetivo de acelerar la transformación digital del tejido productivo valenciano.
Ayudas de entre 5.000 y 100.000 euros
Las subvenciones cubren el 70 % de los gastos subvencionables de cada proyecto, con una cuantía mínima de 5.000 euros y un máximo de 100.000 euros.
La financiación permitirá a las empresas afrontar servicios de consultoría especializada para diagnosticar e implantar soluciones digitales, adquirir software avanzado o desarrollar aplicaciones a medida.
También podrán financiarse equipos y tecnologías vinculadas a la Industria 4.0, como sensores y dispositivos inteligentes. Quedan fuera de las ayudas los gastos de personal y formación, los impuestos y las adquisiciones de carácter generalista.
La iniciativa está financiada a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con fondos europeos NextGenerationEU.
Compromisos para las empresas beneficiarias
Los proyectos subvencionados deben haberse iniciado a partir del 1 de enero de 2026 y estar completamente ejecutados y pagados antes del 28 de abril de 2026, fecha de publicación de la convocatoria.
Las empresas beneficiarias deberán mantener las inversiones vinculadas a su actividad económica en la Comunitat Valenciana durante un mínimo de dos años desde el pago de la ayuda, plazo que se eleva a cinco años en el caso de bienes susceptibles de inscripción en un registro público.
Asimismo, deberán crear en España los puestos de trabajo necesarios para desarrollar la actividad subvencionada, con personal contratado y dado de alta en la Seguridad Social, además de informar del origen público y europeo de la financiación.
