La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha denunciado una nueva muestra de deslealtad institucional por parte del Gobierno de España en materia de política migratoria al llevar a cabo un proceso de regularización de personas migrantes “de forma impositiva, con opacidad y de espaldas a las comunidades autónomas, rechazando las solicitudes realizadas por parte de las autonomías y sin contar con la coordinación de las diferentes administraciones, la financiación necesaria ni el impacto en los servicios públicos”.
En este contexto, la vicepresidenta se ha sumado a otras autonomías que han declinado participar en Madrid en la Conferencia Sectorial de la Inmigración convocada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, al considerar que “se trata de un intento de blanquear una política migratoria inútil, nefasta y contraria a la Unión Europea”.
“El Gobierno de España ha vaciado este órgano de su verdadera finalidad, que es la cooperación entre administraciones. La prueba más evidente es que esta convocatoria se ha programado 15 meses después de la anterior, renunciando a abordar el proceso de regularización y los criterios de reparto de fondos del llamado ‘Plan de Integración’, que es donde se tendría que haber debatido”, ha indicado Camarero.
De modo que el Ejecutivo central, ha continuado la vicepresidenta, “ha renunciado a mantener cualquier tipo de diálogo o debate sobre la política migratoria y traslada la responsabilidad a las autonomías, buscando ahora el aval a un proceso de regularización irresponsable y diseñado al margen de las administraciones que gestionan buena parte de su impacto y del peso de los servicios públicos”.
Críticas por la falta de información y planificación
En este sentido, Camarero ha lamentado que previamente a la celebración de esta Conferencia Sectorial no se haya remitido la documentación solicitada, como tampoco la información que justifique la aprobación del Real Decreto de Regularización, además de “no existir ningún estudio de impacto económico o un calendario de trabajo sobre el reparto de fondos del Plan de Integración”.
Además, Camarero ha incidido en que el último proceso de regularización de personas migrantes se ha llevado a cabo “sin atender las directrices en materia migratoria de las principales instituciones europeas en relación con el control de fronteras, la cooperación con los países de origen y el apoyo a la migración legal y circular”.
En su lugar, “desde el Gobierno de España se ha optado por un proceso que no resuelve el problema de fondo, no ordena los flujos migratorios, ha generado un ‘efecto llamada’, no planifica el proceso de integración e inclusión social de las personas regularizadas y traslada toda la presión y responsabilidad a las comunidades autónomas”, ha afirmado la vicepresidenta.
La Generalitat alerta del coste en los servicios públicos
En relación con las cifras totales de personas regularizadas en este proceso, la vicepresidenta primera ha puesto de relieve que “la previsión inicial del Gobierno de España se ha más que duplicado, al pasar de una estimación de 500.000 a 1,2 millones de personas migrantes regularizadas. Sus previsiones han fallado estrepitosamente y se ha generado un ‘efecto llamada’ hasta ampliar a más del doble la previsión inicial”, ha enfatizado la vicepresidenta.
“Una circunstancia que provoca que las comunidades autónomas no podamos ofrecer una respuesta adecuada a nivel asistencial ni de prestación de los servicios públicos básicos”, ha censurado Camarero.
En el caso concreto de la Comunitat Valenciana se ha regularizado a 167.000 personas migrantes. Una cifra que, según Camarero, “supone un coste de acogida inasumible para los valencianos y las valencianas por el impacto que conlleva en la sanidad, los servicios sociales, la vivienda o el empleo”.
Así, la vicepresidenta ha recordado que la Comunitat Valenciana es la tercera autonomía con mayor acogida de personas migrantes, el 14 % del total de España, tan solo por detrás de Madrid y Cataluña.
Por ello, Susana Camarero ha reclamado al Gobierno de España “la transferencia de los fondos necesarios que permitan la atención sanitaria, la prestación de los servicios sociales o el acceso a una vivienda por parte de las nuevas personas regularizadas”, y ha tildado de “deslealtad” el hecho que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante su visita de este miércoles a la Comunitat Valenciana “no se haya reunido con la Generalitat para trasladar las cifras del proceso de regularización y establecer un plan de trabajo coordinado para la prestación de los servicios públicos básicos”.
Por el contrario, “se adoptan decisiones por parte del Ministerio que impactan en la prestación de los servicios públicos esenciales y trasladan a las autonomías compromisos cada vez mayores sin planificación, sin financiación y sin la debida lealtad institucional”.
La Generalitat defiende una política migratoria coordinada
En última instancia, Susana Camarero ha defendido “un proceso de regularización ordenado, legal, vinculado al empleo y coordinado, en todo momento, junto a las comunidades autónomas, los ayuntamientos y el conjunto de las administraciones”.
La vicepresidenta ha manifestado que desde el Consell “se apuesta por una inmigración legal vinculada a las necesidades del mercado laboral, que atienda al principio de afinidad cultural y favorezca la integración, el refuerzo del control de las fronteras, una coordinación real entre todas las administraciones y la aplicación inmediata de los acuerdos europeos contenidos en el Pacto Europeo de Migración y Asilo”.
