La Generalitat ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo servicio de intervención destinado a recuperar viviendas públicas ocupadas ilegalmente en la Comunitat Valenciana. El proyecto, que ya ha sido licitado, busca ofrecer una respuesta rápida, coordinada y permanente frente a las ocupaciones irregulares que afectan al parque residencial autonómico.
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha señalado que esta iniciativa pretende reforzar la gestión del parque público y garantizar que las viviendas lleguen a las personas que cumplen los requisitos de acceso establecidos por la normativa.
Un problema que afecta al 13 % del parque público
Actualmente, la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) administra más de 14.500 viviendas distribuidas por toda la Comunitat Valenciana.
Según los datos aportados por el Consell, aproximadamente el 13 % de estos inmuebles se encuentra ocupado de manera irregular, una situación que, según el Ejecutivo autonómico, dificulta el acceso a la vivienda de familias vulnerables inscritas en las listas de espera.
Pérez Llorca ha asegurado que la Generalitat pretende poner fin a una problemática que se ha prolongado durante años y que limita la disponibilidad de viviendas públicas para quienes cumplen con los criterios establecidos para su adjudicación.
«Es momento de actuar y poner los medios necesarios para acabar con una situación que impide acceder a un hogar a muchas familias vulnerables», ha señalado el president.
Servicio de urgencias las 24 horas
Entre las principales novedades del nuevo contrato figura la creación de un servicio permanente de atención urgente, operativo durante todo el año.
El dispositivo permitirá actuar de forma inmediata ante avisos de ocupación o intrusión, con un plazo máximo de respuesta fijado en una hora desde la comunicación de la incidencia.
Además, la empresa adjudicataria asumirá funciones de acompañamiento y representación de la EVHA en los procedimientos administrativos para la recuperación de inmuebles.
También deberá coordinar actuaciones con las fuerzas y cuerpos de seguridad, empresas especializadas y responsables de la gestión del parque público.
Coordinación técnica y medidas de seguridad
El contrato contempla igualmente la supervisión de sistemas de protección en las viviendas públicas.
Entre las tareas previstas figuran la instalación y seguimiento de puertas antiocupación, alarmas, dispositivos de seguridad y otras medidas orientadas a prevenir nuevas intrusiones.
La empresa adjudicataria tendrá que disponer de un equipo multidisciplinar integrado por un coordinador jurídico y, al menos, tres inspectores técnicos, además de recursos materiales suficientes para prestar el servicio en todo el territorio valenciano.
La prestación estará sometida a indicadores de seguimiento y mecanismos de evaluación continua para garantizar la transparencia y la eficacia del sistema.
Un contrato de casi 800.000 euros
El nuevo servicio tendrá una duración inicial de tres años, con posibilidad de dos prórrogas anuales adicionales.
El valor estimado del contrato asciende a 796.831 euros, sin incluir el IVA, y dará cobertura a toda la Comunitat Valenciana.
El plazo para presentar ofertas permanecerá abierto hasta el próximo 30 de julio a través de la Plataforma de Contratación del Estado.
Una estrategia integral contra la ocupación ilegal
La nueva iniciativa se incorpora a la estrategia impulsada por la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad para combatir la ocupación irregular en el parque público.
A comienzos de 2026, la Generalitat adjudicó un contrato valorado en 4,74 millones de euros para la instalación, mantenimiento y reposición de 300 sistemas individuales de seguridad y alarma en viviendas públicas.
Desde julio de 2023, la administración autonómica ha llevado a cabo 1.231 actuaciones preventivas para evitar nuevas ocupaciones, entre ellas descerrajados, tapiados, sustitución de puertas e instalación de 608 puertas antivandálicas.
Asimismo, se ha reforzado la vigilancia privada en distintos grupos residenciales con el objetivo de impedir el uso indebido de garajes y prevenir la ocupación de viviendas vacías.
