La Unidad de Psicología Penal del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valencia ha realizado durante 2025 un total de 425 pruebas preconstituidas mediante Cámara Gesell, un procedimiento diseñado para facilitar la declaración de menores y personas especialmente vulnerables dentro de los procesos judiciales.
Este sistema se ha convertido en una herramienta fundamental para garantizar la protección de las víctimas durante la fase de investigación penal, especialmente en casos relacionados con violencia sexual, malos tratos y violencia intrafamiliar.
Una herramienta consolidada para proteger a menores y personas vulnerables
Desde su implantación en Valencia en 2015, la utilización de la Cámara Gesell ha experimentado un crecimiento constante. Su uso se ha intensificado especialmente tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que establece con carácter general la práctica de la prueba preconstituida cuando deben declarar menores de 14 años o personas con discapacidad que requieren especial protección.
El principal objetivo de este procedimiento es preservar la calidad del testimonio judicial y evitar que las víctimas tengan que revivir reiteradamente experiencias traumáticas durante el proceso penal.
Menores de edad, principales beneficiarios del sistema
Los datos correspondientes a 2025 reflejan que el 97 % de las personas evaluadas mediante este sistema fueron niños, niñas y adolescentes con edades comprendidas entre los 4 y los 17 años.
Además, las estadísticas muestran una mayor incidencia entre las mujeres, que representaron el 68 % de las víctimas atendidas por la Unidad de Psicología Penal.
Estos datos ponen de manifiesto el papel esencial que desempeña este recurso en la protección de la infancia y adolescencia dentro del ámbito judicial.
La violencia sexual concentra gran parte de las actuaciones
La mayoría de las pruebas realizadas estuvieron vinculadas a investigaciones por delitos sexuales y casos de malos tratos.
En el ámbito de los delitos contra la libertad sexual, los datos revelan que el 52,5 % de los casos se produjeron en el entorno intrafamiliar, mientras que el 40,3 % correspondieron a agresiones cometidas por personas del entorno extrafamiliar.
Por el contrario, únicamente el 7,2 % de las investigaciones estuvieron relacionadas con agresores desconocidos, lo que evidencia la prevalencia de los entornos cercanos en este tipo de delitos.
Cómo funciona la Cámara Gesell
La Cámara Gesell es una instalación especialmente diseñada para que las víctimas puedan declarar en un entorno seguro, tranquilo y adaptado a sus necesidades.
Durante la entrevista, la víctima permanece únicamente acompañada por una psicóloga forense especializada. Mientras tanto, jueces, fiscales, abogados y el resto de las partes observan el desarrollo de la declaración desde una sala contigua mediante sistemas de visión y comunicación indirecta.
Las preguntas formuladas por los operadores jurídicos son trasladadas a través de la especialista, que adapta el lenguaje y la metodología a las capacidades cognitivas y emocionales de cada persona.
Un testimonio más fiable y menos traumático
Además de proteger emocionalmente a la víctima, este sistema tiene como finalidad obtener declaraciones más precisas y libres de influencias externas.
La psicóloga forense actúa como apoyo técnico de la autoridad judicial y fiscal, aplicando protocolos especializados de entrevista adaptados al contexto jurídico y a las características individuales de cada caso.
Este modelo favorece la obtención de pruebas de mayor calidad y reduce significativamente los riesgos de contaminación o sesgo en el testimonio.
Un equipo especializado para toda la provincia
La Unidad de Psicología Penal del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valencia está integrada actualmente por siete psicólogas forenses especializadas, encargadas de atender las solicitudes procedentes de los 18 partidos judiciales de la provincia de Valencia.
La experiencia acumulada durante más de una década ha permitido agilizar procedimientos judiciales, reducir los tiempos de espera y reforzar la protección de los derechos fundamentales de menores y personas vulnerables implicadas en procesos penales.
