La Generalitat actualiza las normas sobre gestión de fondos públicos
El Consell ha aprobado un nuevo decreto para regular los anticipos de caja fija y los pagos a justificar en la Administración de la Generalitat y sus organismos autónomos.
La medida tiene como objetivo reforzar la seguridad jurídica, mejorar la transparencia y fortalecer los mecanismos de control sobre el uso de recursos públicos.
La nueva normativa desarrolla aspectos contemplados en la Ley 1/2015 y unifica en un único texto la regulación de dos herramientas habituales utilizadas por la Administración para atender determinados gastos.
Qué son los anticipos de caja fija y los pagos a justificar
Los anticipos de caja fija permiten disponer de fondos permanentes destinados a cubrir gastos periódicos o repetitivos como desplazamientos, dietas, material de oficina o tareas de mantenimiento.
Por su parte, los pagos a justificar se utilizan en situaciones excepcionales en las que no es posible presentar la documentación acreditativa del gasto en el momento en que se emite la orden de pago.
Hasta ahora, la regulación de estas figuras estaba parcialmente dispersa en distintas normas, especialmente en el caso de los anticipos de caja fija.
Nuevos límites y plazos para reforzar la transparencia
Una de las principales novedades del decreto es la incorporación de límites cuantitativos y plazos concretos para la justificación de los gastos realizados.
La norma también establece reglas comunes para el funcionamiento de las cajas pagadoras y las habilitaciones responsables de gestionar estos fondos.
Según la Generalitat, estas medidas buscan evitar interpretaciones ambiguas y garantizar una aplicación homogénea de los procedimientos en todos los departamentos de la Administración autonómica.
Más control y fiscalización sobre el uso del dinero público
El decreto desarrolla además mecanismos más completos de control interno, fiscalización y supervisión.
La regulación incorpora procedimientos específicos para determinar responsabilidades y mejorar el seguimiento de los fondos públicos utilizados mediante estas modalidades de pago.
Con ello, el Consell pretende reforzar las garantías en la gestión económica de la Administración y facilitar una mayor rendición de cuentas sobre el destino de los recursos públicos.
La Generalitat considera que esta actualización normativa permitirá modernizar los procedimientos administrativos y mejorar la transparencia en la gestión diaria de los fondos autonómicos.
