El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Fernando Pastor, ha defendido la gestión del Consell en el caso de la vivienda pública de Les Naus, en Alicante. Al mismo tiempo, ha acusado al PSOE de responder a los escándalos con “silencio y excusas”.
Pastor ha contrapuesto la actuación del Consell con la del PSOE. Según ha señalado, “aquí se ha actuado con rapidez, transparencia y contundencia; en el PSOE solo vemos silencio y ninguna responsabilidad política”.
Vivienda pública en el foco del debate político en Les Corts
El dirigente popular ha pedido a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que “se informe mejor antes de hablar y de faltar a la verdad”.
Además, ha recordado que toda la promoción y adjudicación de Les Naus se realizó con la normativa heredada del Botànic. Según ha indicado, esa normativa ha sido modificada posteriormente por el actual Consell para reforzar los controles.
Les Naus: investigación, controles y normativa del Botànic
Pastor ha asegurado que el Consell actuó “en tiempo récord y de manera ejemplar”. Ha explicado que se abrió una investigación interna, se detectó al funcionario responsable y se tomaron decisiones inmediatas.
También ha señalado que hubo dimisiones y el cese del funcionario ascendido por el Botànic. Además, se crearon comisiones de investigación en Les Corts y en el Ayuntamiento de Alicante.
Según ha añadido, toda la documentación se puso a disposición de la justicia desde el primer momento.
Críticas al plan estatal y defensa del Plan Vive
En su intervención, Pastor ha criticado la política de vivienda del Gobierno central. Ha señalado que el plan estatal impulsado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez “llega tarde y no resuelve el problema del acceso a la vivienda”.
Ha añadido que este modelo “vuelve a descargar el mayor esfuerzo económico sobre las comunidades autónomas”.
Frente a ello, ha defendido el Plan Vive de la Comunitat Valenciana. Según ha indicado, este programa ya tiene 5.000 viviendas públicas en marcha, reserva el 40% para jóvenes y cuenta con más de 300 ayuntamientos adheridos.
Finalmente, ha reclamado al Gobierno central que apoye iniciativas que, a su juicio, “sí están funcionando”.
