El Gobierno ha aprobado el Real Decreto 1051/2022 sobre nutrición sostenible de los suelos agrarios, una norma acordada con UPA y Unión de Uniones que, según AVA-ASAJA y ASAJA Nacional, impone nuevas cargas administrativas al sector.
El texto, publicado en el BOE, establece la obligación de disponer de un plan de abonado desde el 1 de enero de 2026 para las explotaciones de regadío cuyos cultivos se planten entre marzo y junio, y desde el 1 de septiembre de 2026 para el resto.
Además, será obligatorio el registro mensual de las labores de fertilización en el cuaderno de explotación —en papel o digital— y se exigirá asesoramiento técnico especializado en fertilización un año o dos después, dependiendo de la zona.
Cambios en la aplicación de estiércoles y en los pastos comunales
El Real Decreto también modifica las condiciones para la aplicación de estiércoles en áreas donde no es posible realizarla de forma localizada, salvo en parcelas menores de una hectárea no colindantes con otras de la misma explotación.
Asimismo, aclara los criterios sobre el cómputo de pastos comunales dentro de la superficie total de las explotaciones agrícolas.
Rechazo de AVA-ASAJA y peticiones del sector
AVA-ASAJA lamenta que el Ministerio de Agricultura haya ignorado sus propuestas de simplificación, como la exclusión de las explotaciones de regadío de hasta 15 hectáreas y de secano de hasta 30.
La organización también muestra preocupación por la posible implantación de inspecciones técnicas a maquinaria agrícola, y por la obligación de registrar la fertilización en un plazo máximo de un mes, medida que considera una presión innecesaria.
Reclaman menos burocracia y más formación
Entre sus demandas, AVA-ASAJA pide reducir los trámites para el suministro de estiércoles, crear un programa informático gratuito y oficial para elaborar los planes de abonado sin contratar asesores, y eliminar el régimen sancionador múltiple previsto en la norma.
La entidad insiste en que el sector ya cumple con los estándares medioambientales europeos y considera que esta normativa solo incrementa los costes y la carga administrativa sin aportar beneficios reales.
