La Conselleria de Sanidad ha remitido una queja formal al Ministerio de Sanidad por la escasa actividad de las Unidades de Salud Mental de Emergencias (USME), dependientes del Gobierno central y gestionadas por una entidad privada.
Según la Dirección General de Salud Mental y Adicciones, estas unidades “carecen de capacidad asistencial real” y su presentación pública “puede confundir a la ciudadanía al generar falsas expectativas”.
Actividad mínima en ocho meses
Durante los tres primeros meses de funcionamiento, las 12 USME han atendido solo a 262 personas y realizado 472 intervenciones, pese a contar con 48 profesionales, de los cuales solo 16 son psicólogas.
El director general, Bartolomé Pérez Gálvez, ha calificado esta cifra como “inadmisible” y ha denunciado que las unidades “se pusieron en marcha ocho meses después de la dana, cuando su respuesta debía ser inmediata”.
Desigual atención en los municipios más afectados
Pérez Gálvez ha señalado que la baja actividad de las USME es “especialmente evidente” en los municipios más afectados por las inundaciones.
En Paiporta apenas se atendieron 31 personas, en Utiel solo una, mientras que Chiva encabeza la lista con 62 casos.
“Nos plantearon retirar una unidad de Paiporta, el municipio más afectado. Nos negamos, porque nuestra red ha aumentado allí un 60 % la atención en salud mental”, ha añadido.
La red autonómica multiplica la atención
Frente a la escasa actividad estatal, las unidades de salud mental de la Generalitat han atendido 6.674 pacientes en el mismo periodo, 25 veces más que las USME.
Pérez Gálvez ha afirmado que “estas cifras demuestran que la atención efectiva es competencia de la Conselleria de Sanidad, y nuestros equipos están respondiendo con profesionalidad y resultados”.
Críticas a la falta de coordinación
El director general ha denunciado episodios de inactividad de las USME, incluso durante episodios de lluvias recientes. “El lunes y martes de la última semana de septiembre no acudieron a trabajar, mientras nuestros equipos atendieron a 363 pacientes”, ha explicado.
También ha cuestionado el coste mensual de 225.000 euros de las USME, “sin que se conozca en qué se está invirtiendo realmente”.
Refuerzo autonómico y petición de coordinación
La Conselleria ha reforzado la red pública con 111 nuevos puestos en salud mental en los departamentos más afectados.
Pérez Gálvez ha pedido al Ministerio “rigor, coordinación real y mensajes claros”, recordando que “la población ya ha sufrido bastante y necesita respuestas efectivas”.
