El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha avanzado que el próximo pleno del Consell aprobará el primer pliego en España para la construcción de 80 viviendas industrializadas destinadas a familias damnificadas por las riadas de Torrent y Albal.
Una actuación urgente y excepcional
La iniciativa, enmarcada en el Plan Vive Dana, contará con una inversión de 15 millones de euros de fondos propios de la Generalitat. Mazón la calificó como una actuación “excepcional y urgente con la que ofrecemos una respuesta ágil y eficaz ante situaciones de emergencia habitacional”.
El anuncio se realizó tras una reunión con la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, el alcalde de Albal, José Miguel Ferris, y la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado.
Viviendas públicas y sostenibles
En cada municipio se ubicarán 40 inmuebles en parcelas de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA). Estas viviendas pasarán a formar parte del parque público de la Generalitat y estarán disponibles en régimen de alquiler asequible, con prioridad para las familias damnificadas.
Mazón destacó que la industrialización permite acortar plazos, aplicar tecnologías avanzadas y ofrecer soluciones habitacionales de calidad y sostenibles. El calendario previsto contempla dos meses para la presentación de ofertas, tres para la redacción del proyecto y diez meses para la construcción, lo que suma un total de 15 meses hasta la entrega.
Nuevas licitaciones en marcha
El president señaló que el Consell continuará impulsando el Plan Vive Dana con nuevas licitaciones en los próximos meses para construir hasta 250 viviendas protegidas en municipios afectados por las inundaciones.
Estrategia integral de vivienda
Mazón recordó que estas promociones forman parte del Plan Vive, cuyo objetivo es levantar 10.000 viviendas protegidas en la Comunitat Valenciana durante la legislatura. Para ello, se moviliza suelo público con 317 municipios adheridos al convenio con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.
Asimismo, se ha puesto en marcha un nuevo marco normativo que ha permitido iniciar 1.000 viviendas en menos de un año y se impulsa la colaboración público-privada con más de 1.600 viviendas adjudicadas y en ejecución, en las que participan 30 empresas.
Entre otras medidas complementarias figuran la reducción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), la línea de avales para jóvenes de entre 18 y 45 años o el incremento del Bono Alquiler.
