La Unió Llauradora i Ramadera critica que el nuevo Marco Financiero Plurianual de la Comisión Europea, presentado esta semana por la presidenta, Úrsula Von der Layen, liquide la Política Agraria Común (PAC) y convierta la suficiencia alimentaria de la ciudadanía en una moneda de cambio por armas y fronteras.
En este sentido, la organización rechaza con rotundidad la propuesta de la Comisión Europea sobre el nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034, una aberración presupuestaria y política que dilapida décadas de construcción europea en el medio rural. El volumen de gasto comprometido para la PAC en el período de programación 2028-2034 sería de 295.699 millones de euros; lo que representa 90.067 millones de euros menos, lo que supone un recorte del 23,4%.
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El texto presentado esta semana no es una simple reestructuración financiera, sino el acta de defunción de la PAC, tal y como se conoce en la actualidad.
En lugar de reforzar una política estratégica que garantiza alimentos de calidad, sostenibilidad ambiental, biodiversidad y empleo en nuestros pueblos, la Comisión ha decidido sacrificar la agricultura para inflar el gasto en seguridad, defensa y control de fronteras.
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Con la nueva propuesta, la PAC pierde su identidad, ya que desaparece como política propia para integrarse en un mega-fondo junto a empleo, migración, cohesión o defensa.
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Bruselas quiere convencer de que eso “simplifica”, pero lo único que “simplifica” es el recorte con un tijeretazo brutal sobre el presupuesto actual.
Este ataque institucional vulnera además el Artículo 38 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que obliga a mantener una política agraria común con entidad propia. En su lugar, nos quieren meter en una ruleta presupuestaria donde la agricultura competirá con la OTAN por los fondos europeos y ya se sabe quién gana.
La propuesta introduce también nuevas condicionalidades macroeconómicas y políticas para el desembolso de fondos, que se añadirán a las condicionalidades ya existentes a nivel de explotación, lo que introduce una tremenda inseguridad para el agricultor y ganadero. “Las ayudas podrán depender no de hacer bien nuestro trabajo y cumplir los requisitos que nos exigen”, apunta Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ, “sino hasta de que se respeten los derechos humanos o el estado de derecho”. LA UNIÓ se pregunta si los agricultores y ganaderos van a pagar también los problemas que generen los políticos y quién va a decidir eso.
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Y como colofón, se permitirá a los gobiernos trasvasar fondos de agricultura a otras políticas “según necesidades”, es decir, cuando haya una crisis migratoria, sanitaria o militar, el dinero puede salir de los fondos para el campo.
En el caso de la Comunitat Valenciana, esto no es teoría. Ya se sabe lo que significa competir con otras políticas. En el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por ejemplo, la agricultura recibió un mísero 2,4 %. Si ahora se depende del mismo modelo para el futuro de la PAC, habrá que decir adiós a la estabilidad de los apoyos agrarios.
Este golpe llega además cuando se necesitan más certezas para el relevo generacional, la lucha contra la despoblación rural y la garantía de alimentos de proximidad. La propuesta de Bruselas condena a los jóvenes a abandonar el campo y a nuestros pueblos a envejecer en silencio.
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LA UNIÓ exige al Gobierno de España y a sus representantes en el Parlamento Europeo que no permitan esta barbaridad.
Esto no se puede “modificar ni negociar y hay que rechazar de plano esta propuesta y defender con firmeza una PAC fuerte, diferenciada, estable y con presupuesto suficiente”.
“La Comisión ha ignorado todas las movilizaciones del año pasado y ahora responde con recortes, confusión burocrática y ninguneo político. Si quieren más tractores en las calles, los tendrán. Pero que no digan luego que no fueron advertidos”, concluye Carles Peris.
