-
El actual pago de los servicios corresponde a los meses de marzo y abril del presente ejercicio
-
La consellera destaca la «voluntad política del Consell en garantizar el pago de la justicia gratuita, a pesar de la asfixia financiera de la Comunitat Valenciana debido a un sistema de financiación injusto»
La Conselleria de Justicia y Administración Pública ha realizado la transferencia del pago del segundo bimestre de 2025 de las actuaciones llevadas a cabo por el Consejo Valenciano de Colegios de la Abogacía y del Consejo Valenciano del Colegios de Procuradores, por un importe de 9.919.024,80 euros.
En concreto, las actuaciones abonadas por el Turno de Oficio al Consejo Valenciano de Colegios de la Abogacía ascienden a 8.654.515,80 euros y el importe destinado al Consejo Valenciano de Procuradores a 1.255.342,71 euros. Por otro lado, las inversiones realizadas por la Procura y la Abogacía ascienden a 5.656,48 y 3.509,81 euros, respectivamente.
Los honorarios por los trabajos en el Turno de Oficio se abonan, según la normativa, cada dos meses, conforme los colegios de la Abogacía y de la Procura certifican los servicios prestados a la Generalitat. De esta forma, el actual pago de los servicios corresponde a los meses de marzo y abril de 2025.
La consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, ha destacado la voluntad política del Consell en garantizar “el pago en tiempo y forma de un servicio público esencial como es el de la justicia gratuita, a pesar de la asfixia financiera que está sufriendo la Comunitat Valenciana debido a un sistema de financiación injusto, y a la negativa del Gobierno de España de aprobar un FLA extraordinario que permita garantizar la regularidad de los pagos como hasta el momento se ha venido haciendo”.
En este sentido, Nuria Martínez ha reclamado “al Gobierno de Pedro Sánchez mayor sensibilidad y cooperación institucional, para que los valencianos puedan disponer de servicios públicos de calidad en iguales condiciones que el resto de España, ya que el Turno de Oficio no es un simple trámite administrativo, sino que es una garantía de que nadie se quede excluido del sistema judicial por falta de recursos. Es justicia con mayúsculas, hecha desde la vocación y el compromiso diario de cientos de profesionales”.
La consellera también ha subrayado que “la justicia gratuita es fundamental para muchas personas en situaciones especialmente vulnerables, pues garantiza el acceso a la justicia en igualdad de condiciones para toda la ciudadanía, y por ello, tenemos la obligación de que ese servicio funcione con eficacia y respeto hacia quienes lo sostienen día a día”.
