– En la moción se insta también a que los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados apoyen e impulsen una iniciativa legislativa que reclame en la Unión Europea esta modificación normativa.
La Unió Llauradora ha remitido una propuesta de moción a los Ayuntamientos de la Comunitat Valenciana ubicados en zonas arroceras para que insten al Ministerio de Agricultura a que promueva ante la Comisión Europea una modificación del Reglamento (UE) 1169/2011 para que sea obligatorio el etiquetado del origen del arroz, con independencia del lugar de envasado.
LA UNIÓ ha remitido el escrito a las localidades ubicadas en el Parc Natural de l’Albufera
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La ciudad de Valencia
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Ribera Baixa (Albalat de la Ribera, Corbera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinyà del Xúquer, Riola, Sollana y Sueca)
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Ribera Alta (Algemesí), l’Horta Sud (Albal, Alfafar, Beniparrell, Catarroja, Massanassa, Sedaví y Silla)
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Marina Alta (Pego)
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La Safor (Oliva).
El sector arrocero valenciano representa no solo una actividad económica esencial para muchas familias, sino también un pilar fundamental en la conservación de nuestro patrimonio ambiental, como es el caso del Parc Natural de la Albufera y la Marjal Pego-Oliva. Su continuidad está hoy amenazada por la creciente importación de arroz procedente de países terceros, a menudo bajo condiciones de producción que no respetan los estándares exigidos dentro de la Unión Europea.
Durante los últimos meses se han detectado y denunciado por LA UNIÓ grandes entradas de arroz importado por el puerto de València -hasta 14.000 toneladas en poco más de una semana en el pasado mes de mayo- dirigidas a empresas con instalaciones ubicadas en la propia zona productora valenciana. Estas empresas envasan el arroz y lo distribuyen a las principales cadenas comerciales, a menudo sin indicar el origen real del producto en el etiquetado, limitándose a señalar que ha sido “envasado en España” o haciendo uso de imágenes y referencias a la tradición y cultura valenciana.
Esta situación genera según la organización agraria una doble consecuencia negativa:
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La competencia desleal para los productores valencianos, que tienen que vender por debajo de los costes a causa de la presión ejercida por estas importaciones masivas, a menudo provenientes de países que utilizan productos fitosanitarios prohibidos en la Unión Europea y que no respetan los derechos sociales ni ambientales.
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La desinformación y engaño al consumidor, que puede pensar que está adquiriendo arroz valenciano cuando realmente se trata de producto importado, pero envasado localmente.
Actualmente, el Reglamento (UE) 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor no exige la indicación obligatoria del origen del arroz, excepto si su ausencia puede inducir a error. Esto crea un vacío legal que permite etiquetar como local un producto que, de facto, no lo es. A diferencia de otros productos como la carne, la miel, las frutas frescas o el aceite de oliva, el arroz ha quedado fuera de la obligatoriedad de indicar el origen, hecho que representa una anomalía injustificable teniendo en cuenta el peso económico y estratégico de este cultivo.
Además, las importaciones de arroz procedentes de países terceros se benefician de acuerdos comerciales internacionales que no garantizan reciprocidad en las condiciones de producción ni en las exigencias ambientales o sanitarias, lo cual deriva en una clara distorsión de la competencia.
Por todo esto, se considera urgente y necesario desde LA UNIÓ que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, así como los representantes de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, insten a la Comisión Europea a modificar el Reglamento (UE) 1169/2011, para incluir el arroz dentro del grupo de productos para los cuales es obligatorio indicar de forma clara y destacada el país de origen en el etiquetado.
A juicio de LA UNIÓ serviría para “garantizar la transparencia informativa para el consumidor, fomentar el consumo responsable y de proximidad, y apoyar de forma efectiva a un sector agrario fundamental para la sostenibilidad ambiental, económica y social de nuestro territorio”.
