Camarero anuncia un recurso de inconstitucionalidad contra el reparto estatal de menores migrantes

La vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha ensalzado el esfuerzo que realiza la Comunitat Valenciana en la atención a menores extranjeros no acompañados y ha denunciado la gestión migratoria del Gobierno central, al que ha acusado de “incapaz e irresponsable” y de “burlarse y dar la espalda a las comunidades autónomas” en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.

Durante su visita al Centro de Atención Temporal de Emergencias Sociales ‘Valencia al Mar’, Camarero ha subrayado que ese centro, que tiene autorizadas 67 plazas, actualmente acoge a más de 77 menores debido a la continua llegada de jóvenes migrantes, lo que refleja una ocupación claramente superior a la capacidad inicial y pone en evidencia la solidaridad valenciana.

“Estamos atendiendo a menores que llegan en patera, trasladados desde otras comunidades o introducidos por cupos para adultos y para ello hemos ampliado las plazas existentes, pese al coste económico que ello supone”, ha indicado la vicepresidenta, quien ha recordado que son más de 900 menores extranjeros no acompañados los que han sido acogidos por la Comunitat Valenciana durante 2024, “pese a contar solo con 317 plazas, lo que implica una ocupación del 160 %”.

Convocatoria ilegal 

Camarero además ha criticado el resultado de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, celebrada este lunes, y “convocada ilegalmente y sin respetar los procedimientos habituales”. Una conferencia que, según la consellera, fue una “burla total” porque no se permitió votar a las comunidades autónomas un real decreto ley propuesto por el Ejecutivo central y que establece los mecanismos de protección de menores no acompañados. “Es la primera vez que se nos impide reflejar nuestra postura mediante el voto en una cuestión que nos afecta directamente”, ha insistido.

También ha lamentado que el decreto del Gobierno responda a “criterios absolutamente políticos y no objetivos, pactados de espaldas a las comunidades autónomas” y que suponen “una cesión al separatismo catalán, que se ha borrado del reparto de menores”. 

La consellera ha explicado que “este decreto pretende obligarnos a aceptar casi 500 menores más, una situación inviable e imposible, que llevaría a los centros de la Comunitat Valenciana a una ocupación del 300 %, destruyendo el sistema de protección actual y provocando hacinamiento e indignidad para los menores”, ha alertado.

Por ello, ha incidido en la necesidad urgente de que el Gobierno de España “establezca criterios objetivos para la distribución de menores migrantes y asegure una financiación adecuada” y ha recordado que la Generalitat asume 23 millones de euros anuales para afrontar este proyecto migratorio con una ayuda del Gobierno de España de apenas un millón.

Por tanto, para atender nuevos repartos, la Generalitat tendría que aumentar la inversión con casi 40 millones más, “sin que el Gobierno haya confirmado si contribuirá económicamente, porque la ministra, en la reunión sectorial, no dijo ni una sola palabra sobre la financiación de repartos de menores “, ha aseverado Camarero.

Asimismo, la consellera ha responsabilizado al Gobierno de generar un “efecto llamada” debido a la ausencia de una política migratoria eficaz desde 2019 y ha instado a desplegar Frontex para atajar la inmigración de forma efectiva. 

“Los adolescentes se juegan la vida en el mar por la falta de política migratoria de un Gobierno que además abandona a los jóvenes migrantes al cumplir la mayoría de edad, dejándolos sin recursos y sin posibilidades de emancipación. En cambio, en la Comunitat Valenciana ofrecemos atención integral, recursos específicos para la inserción sociolaboral y mantenemos los más altos estándares de calidad en nuestros centros”, ha señalado.

Recurso de inconstitucionalidad

En este contexto, la vicepresidenta ha confirmado que la Generalitat ya ha iniciado los trámites para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la medida del Gobierno y ha remarcado que defenderán las competencias autonómicas en materia de protección de menores.

• “Las comunidades autónomas no podemos asumir los parches de un Gobierno que no cumple con sus responsabilidad y sus obligaciones legales en una materia tan importante como es la migración y especialmente cuando hablamos de menores no acompañados”, ha señalado. 

En este sentido, ha añadido que “la Generalitat no va a permitir que se invadan sus competencias, ni que se destruya el sistema de protección que hemos construido con esfuerzo y solidaridad” y ha incidido en que “la Comunitat Valenciana es solidaria y a la vez es responsable con los menores, que deben estar acogidos en condiciones, y por eso nos oponemos a cualquier parche que pretenda el Gobierno de España”.

20 millones de euros dirigidos a recursos para menores

Respecto a las acusaciones de racismo por parte de la oposición, ha recordado que la Comunitat Valenciana ha incrementado en un 66 % las plazas de atención a menores respecto al anterior Gobierno del Botànic, ha invertido más de 20 millones en la mejora y creación de nuevos recursos para menores y ha reparado un total de 12 centros.

La vicepresidenta ha reprochado la ausencia de políticas de emancipación del Gobierno y ha destacado que la Comunitat Valenciana sí ofrece recursos para la inserción sociolaboral de los menores al cumplir la mayoría de edad.

“Exigimos al Gobierno que deje de improvisar y establezca políticas migratorias responsables, solidarias y financiadas adecuadamente, porque detrás de estas cifras hay personas que merecen respeto y oportunidades reales de integración”, ha concluido Camarero durante su intervención en el centro.