Desde hace más de una década, tanto en mi etapa como diputado en Les Corts Valencianes como en mi actual responsabilidad como alcalde de Gátova y abogado, he defendido activamente el derecho de todos los menores a ser reconocidos, protegidos y tratados con la dignidad que merecen, sin importar cómo hayan venido al mundo. Esa convicción, profundamente arraigada en principios jurídicos y éticos, me obliga hoy a denunciar públicamente la instrucción dictada el 28 de abril de 2025 por el Ministerio de Justicia, que modifica el régimen registral de filiación de menores nacidos mediante gestación subrogada en el extranjero.
Esta medida, disfrazada de ajuste técnico, tiene un impacto devastador sobre las familias y, especialmente, sobre los menores.
Impedir o retrasar su inscripción en el Registro Civil, pese a existir resoluciones judiciales extranjeras firmes que reconocen su filiación, es una vulneración directa del artículo 39 de la Constitución Española, que obliga a los poderes públicos a asegurar la protección integral de los hijos, con independencia de su filiación. Todos los hijos son iguales ante la ley, dice el precepto. Todos. Sin excepciones.
También se vulnera el principio del interés superior del menor, recogido en la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, reformada en 2015 para reforzar su centralidad. Este principio no es una cláusula retórica, sino una directriz jurídica de obligado cumplimiento que debe guiar cualquier actuación administrativa que afecte a niños y niñas. Suspender o dificultar su reconocimiento legal, dejarles sin identidad registral, sin acceso a documentos oficiales o sin vínculo jurídico con sus padres, es atentar contra ese interés superior.
Durante estos años he acompañado, como abogado y como cargo público, a numerosas familias —muchas de ellas LGTBI, pero también heterosexuales con problemas de fertilidad— que han recurrido legalmente a la gestación subrogada en países donde esta práctica está regulada con garantías. En todos los casos, lo que he presenciado ha sido amor, responsabilidad y deseo de construir una familia protegida por la ley. No se puede permitir que ahora esas familias, y sobre todo sus hijos e hijas, sean tratados como ciudadanos de segunda por una decisión que mezcla rigidez burocrática e ideología.
Nuestro ordenamiento jurídico no parte de cero en esta materia.
El Reglamento (UE) 2016/1191, sobre la libre circulación de documentos públicos, exige a los Estados miembros simplificar el reconocimiento de actos jurídicos emitidos por otros países de la UE. Y si bien la gestación subrogada no está regulada en España, eso no justifica negar validez a resoluciones judiciales de otros países que han sido dictadas con todas las garantías procesales. Además, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, especialmente en los casos Mennesson y Labassee contra Francia, ha subrayado que el derecho del menor a la identidad y a la vida privada debe primar sobre cualquier rechazo estatal a modelos familiares no tradicionales.
Negar la inscripción inmediata supone una discriminación contraria al artículo 14 de la Constitución Española, que prohíbe toda distinción por nacimiento, y atenta contra el derecho del menor a una identidad personal y familiar, como reconoce el artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño. No estamos ante una cuestión ideológica: estamos ante una obligación jurídica del Estado.
Como jurista y como servidor público, me indigna que se utilice el aparato administrativo para castigar modelos familiares legítimos y legales.
Me preocupa que en nombre de una moralidad impuesta se desproteja a menores inocentes. Me duele, sinceramente, que España dé un paso atrás cuando otros países avanzan hacia marcos reguladores éticos y seguros.
Por ello, insto al Gobierno a revocar de inmediato esta instrucción, a restaurar la seguridad jurídica de las familias afectadas y a garantizar la inscripción automática de los menores cuando exista resolución judicial extranjera que establezca la filiación. Mientras tanto, seguiremos en los tribunales y en la esfera pública defendiendo lo que nunca debió ponerse en cuestión: que todos los menores tienen derecho a ser reconocidos, amados y protegidos por el Estado.
No hay excusas jurídicas ni políticas que justifiquen que un niño quede atrapado en el limbo por cómo nació. La justicia no puede esperar. Y mucho menos, la infancia.
Jesús Salmerón Berga, abogado, exdiputado en Les Corts Valencianes, Alcalde de Gátova por el Partido Popular.
