Durante años, la izquierda ha vendido la idea de que el problema de la vivienda en España es culpa del libre mercado, de los grandes tenedores y de un sistema económico que “prioriza el beneficio sobre las personas”. Pero la realidad es que los jóvenes no pueden acceder a una vivienda ni para comprar ni para alquilar, y no por culpa del mercado, sino por culpa de quienes lo estrangulan.
La demonización de la propiedad privada, el exceso de regulación y los impuestos asfixiantes han hecho que cada vez haya menos propietarios dispuestos a alquilar, menos construcción nueva y más inseguridad jurídica. ¿El resultado? Precios desbocados, listas de espera eternas para vivienda pública y una generación atrapada en casa de sus padres.
Los datos desmontan el relato: más intervención, menos acceso
En las comunidades con mayores niveles de intervencionismo —como Cataluña, que ha aprobado límites al precio del alquiler— el problema no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado. Los propietarios prefieren dejar las viviendas vacías antes que enfrentarse a la inseguridad jurídica y la imposibilidad de fijar precios libres.
Además, el continuo ataque ideológico a la figura del casero y el intento de convertir al pequeño propietario en un “especulador” solo sirve para desincentivar la oferta y crear desconfianza en el sistema. Si a eso sumamos los retrasos burocráticos en licencias de obra, los sobrecostes por normativa y el miedo a la okupación, no es extraño que muchos prefieran no invertir.
Lee aquí cómo la regulación del alquiler ha fracasado en Cataluña.
El gran olvidado: el joven trabajador de clase media
Mientras se llenan titulares con ayudas a los más vulnerables y pisos para colectivos concretos, nadie habla del joven que trabaja, paga impuestos y no puede ni plantearse comprar. No accede a ayudas, no puede ahorrar para la entrada de una vivienda y ve cómo la inflación se come su salario mes tras mes.
Ese joven —la gran mayoría silenciosa— no quiere pisos de protección oficial ni subvenciones eternas. Quiere poder comprarse una casa, formar una familia y construir su futuro. Pero el modelo actual le obliga a depender del Estado, vivir de alquiler toda su vida o compartir piso hasta los 40.
Según datos del INE, la edad media de emancipación en España ya supera los 30 años.
La solución pasa por la libertad, no por el control
Lo que necesita España no es más intervención, sino lo contrario: facilitar la construcción, premiar al que alquila, proteger al propietario frente a la okupación y dejar que la ley de la oferta y la demanda actúe. Donde hay más vivienda disponible, los precios bajan. Donde hay libertad económica, hay dinamismo, oportunidades y crecimiento.
El mercado no es el enemigo. El enemigo es quien lo convierte en un campo de minas ideológicas que castigan al pequeño ahorrador, paralizan a los jóvenes y perpetúan un modelo en el que solo el Estado decide quién merece un techo y quién no.
