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La portavoz del Consell, Susana Camarero, recuerda que en 2024 la Comunitat Valenciana atendió a más 900 menores migrantes no acompañados y asegura que los centros actualmente se encuentran al 160% de capacidad
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Valida la contratación del servicio de gestión de 750.000 toneladas de residuos generados por la riada, por 178,9 millones de euros
El Consell ha dado luz verde a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.
Durante la rueda de prensa posterior a los plenos ordinario y extraordinario del Consell, la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha informado de los asuntos tratados, y ha anunciado que el Consell iniciará los trámites para recurrir al Tribunal Constitucional esta norma adoptada por el Gobierno central, al considerar que esta regulación vulnera las competencias exclusivas de la Comunitat Valenciana en materia de asistencia social y protección de menores y porque el Estado no garantiza los recursos para la atención que requieren y merecen los menores.
Camarero ha explicado que la Generalitat prima la atención específica a los menores y ha realizado un esfuerzo aumentando las plazas de atención residencial a menores no acompañados en 2024, lo que supuso una aportación adicional en el presupuesto de más de 9 millones de euros, con lo que suma “un coste anual superior a los 23 millones de euros, y a pesar de este coste, el Gobierno de España, a quien compete la política migratoria, destina a nuestra Comunitat solo 1,2 millones de euros”.
La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales destacó que, a pesar del esfuerzo realizado, el sistema de protección en la Comunitat Valenciana sigue al límite debido a la constante llegada de menores no acompañados. En 2024, se atendieron más de 900 menores, con una ocupación del 160% en las 317 plazas disponibles.
Igualmente, Susana Camarero ha apuntado que “la Comunitat Valenciana vive actualmente una crisis migratoria producida por la llegada de personas menores de edad migrantes sin referente familiar a través de diferentes vías, y que nuestro posicionamiento geográfico facilita la entrada de estos menores en pateras que llegan a nuestras costas, a los centros del sistema de protección procedentes de comunidades vecinas o a través de los cupos de mayores que el Gobierno está distribuyendo entre las provincias en los que se cuelan menores sin que se les haga la prueba de edad”.
Camarero ha indicado que “la Comunitat Valenciana dispone de un sistema orientado a los menores que garantiza una atención integral, con una ratio amplia de profesionales, que realiza un seguimiento específico de cada persona y que busca una atención personalizada y de calidad”.
Por tanto, ha afirmado, “nuestro sistema de protección no tiene capacidad para acoger a los menores que el Gobierno pretende trasladar de forma irresponsable, sin los recursos para la atención adecuada”, y ha agregado que “es un insulto a las comunidades autónomas este reparto sin ningún tipo de negociación, ni colaboración, ni coordinación con las que los tenemos que recepcionar y es un parche”.
Asimismo, Camarero ha lamentado que “el Gobierno central establezca un reparto de menores migrantes no acompañados de manera unilateral, no consensuada en Conferencia Sectorial, sin la previsión necesaria y sin la financiación suficiente, lo que supone un maltrato institucional hacia estos menores que se verían abocados a una situación de hacinamiento, ya que no garantiza que se les pueda brindar la acogida digna que merecen”.
Medidas DANA
Durante la rueda de prensa posterior al Pleno del Consell también ha participado el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, que ha informado de la declaración de emergencia de la contratación del servicio para la gestión de los residuos acumulados en los Puntos de Transferencia localizados en Quart de Poblet/Manises, Catarroja, Picassent, así como en los 60 Puntos de Acopio Local creados en los municipios afectados por las riadas del 29 de octubre.
Martínez Mus ha explicado que “solo la Conselleria se ha hecho cargo de la retirada de un total de 750.000 toneladas de esos residuos”. Una cantidad que ha hecho necesaria la tramitación “del mayor contrato que ha gestionado la Generalitat con motivo de las riadas y que ha supuesto una inversión de 178,9 millones de euros”.
Además, el conseller ha destacado que el plan de choque puesto en marcha ha permitido la creación “de nuevas figuras, nuevos procedimientos y mecanismos en el ámbito de la gestión pública de residuos”, y ha suscitado “el interés de las instituciones europeas”, por lo que ha anunciado que lo expondrá en el Comité de las Regiones el próximo mes de mayo.
“Estamos, por tanto, ante la mayor inversión en gestión de residuos que ha hecho la Generalitat Valenciana en su historia en un tiempo tan reducido y con volúmenes de tratamiento tan elevados”, ha añadido el titular de Medio Ambiente.
Durante su intervención, Martínez Mus ha hecho un balance de la gestión de estos cinco meses y ha asegurado que “se han movilizado cerca de 600 millones de euros para atender, no solo las actuaciones que son de competencia autonómica, sino las que corresponden al ámbito municipal”.
Ara Empreses
El Pleno del Consell también ha aprobado el decreto de ayudas para pymes industriales, comercios y hostelería damnificados, dotado con 127,4 millones de euros, en el marco de la iniciativa Ara Empreses. Las subvenciones cubrirán hasta el 70% de los costes, con un máximo de 50.000 euros por empresa.
A este respecto, Susana Camarero ha apuntado que “se trata de un paso clave para reactivar la economía y el empleo en las zonas más castigadas”.
Asimismo, el Pleno del Consell extraordinario ha aprobado contrataciones de emergencia por un valor de 24,9 millones de euros para reparar infraestructuras críticas, como canalizaciones urbanas en seis áreas prioritarias de la provincia de Valencia.
Susana Camarero explicó que se adoptan medidas para restaurar rápidamente los cauces afectados y garantizar la seguridad de las infraestructuras frente a futuras lluvias torrenciales. Además, el Consell destinará 143.616 euros al transporte adaptado para personas con discapacidad afectadas por la riada.
En materia de vivienda social, se han asignado 60.504 euros para reparar un albergue vacacional para personas con discapacidad intelectual situado en Dos Aguas, denominado la Masía del Collao, que también sufrió daños por la DANA.
Oferta Pública de Empleo en Educación
En la sesión ordinaria, el Consell ha aprobado la Oferta Pública de Empleo educativa con 1.959 plazas del cuerpo de maestros, con un 10% reservado para personas con discapacidad.
Cabe recordar que se ha aumentado el número de plazas en 264 con respecto a la última Oferta Pública de Empleo para maestros, que fue en 2023, dado que en la OPE de 2024 se ofertaron solo 1.607 plazas de profesores.
El Pleno aprobó la actualización del marco de ciberseguridad para adaptarlo al Esquema Nacional de Seguridad, descentralizando responsabilidades en las consellerias. Además, eliminó el Comité de Seguridad y transfirió sus competencias a la Comisión Interdepartamental para la Transformación Digital. También se declaró urgente la tramitación del decreto sobre diseño y calidad en edificios residenciales, que podría entrar en vigor a finales de 2025. Asimismo, se declaró de interés público la incorporación de personal sanitario a los grupos especiales de rescate para mejorar la atención en emergencias.
