Siempre me ha fascinado la retórica política, ese arte en el que las palabras no significan lo que deberían, sino lo que más conviene. Pocas cosas resultan tan versátiles como el lenguaje en manos del poder: una misma expresión puede mutar hasta convertirse en su propio opuesto. Ahí está, por ejemplo, el ubicuo “extrema derecha fascista”, que se aplica con entusiasmo a quien cuestione la ocupación ilegal de viviendas o se resista a decir “elle”, pero que curiosamente se omite cuando toca negociar con Meloni o cuando toca atender a las plegarias de Puigdemont.
Si hablamos de manipulación semántica, el diccionario socialista—o mejor dicho, sanchista, en honor a esta era de gobierno personalista—es un auténtico prodigio. En él, “avance social” significa autopactar leyes en beneficio de unos pocos, casi siempre a costa de los mismos villanos del relato: empresarios y autónomos. Y cuando hay que intensificar el antagonismo, el léxico sanchista recurre a su comodín favorito: “ricos”. Curioso cómo la riqueza es condenable cuando se gana por mérito propio, pero no cuando se amasa desde lo público para acabar en mansiones de Galapagar.
La clave de este diccionario está en el envoltorio: mientras lleve la etiqueta de “social”, incluso el retroceso puede presentarse como otra de sus expresiones favoritas: progreso.
En este caso, el objeto de debate ha sido la reducción de la jornada laboral, pero las últimas semanas han servido, sobre todo, como un reflejo del progresivo empobrecimiento que vivimos en España. Lo primero que llamó mi atención fue el posible retorno del pago del transporte público, una noticia que desató un pánico que recordaba a aquellos días en los que los estantes de los supermercados quedaban vacíos de papel higiénico. Al margen del debate político -suficiente para dedicar otro artículo- fue otra la cuestión que me inquietó: ¿en qué momento pagar algo tan básico como el transporte se convirtió en un problema de magnitud?
A esto se suma la enésima revalorización de las pensiones, un gesto que, en teoría debería tranquilizar a todos, pero que a las generaciones más jóvenes solo nos sirve para recordarnos una realidad cada vez más difícil de ignorar: llegado nuestro momento, no vamos a tocar ni un duro. Si la situación actual ya es un rompecabezas, a nosotros, las nuevas generaciones, nos tocará armarlo con piezas que faltan. Nos enfrentamos a un reto aún mayor: sostener la imparable revalorización de las pensiones del baby boom con una natalidad en números rojos. Y no se equivoquen:
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Esta generación ya carga sobre sus hombros la tarea de sostener un país que reparte ayudas por doquier, y como consecuencia, siguen retrasando su merecida jubilación para compensar a quienes, en lugar de aportar, prefieren seguir cobrando.
Los impuestos de hoy, esos que ahora nos parecen asfixiantes, serán un dulce recuerdo del pasado, y cuando llegue el momento de pagar la factura, quizás nos lamentemos de aquellas ayudas repartidas con alegría y del cómodo conformismo laboral que se ha convertido en el sello de nuestra cultura.
Este es, ni más ni menos, el panorama que nos tratan de vender como “el mayor progreso de España”. Y solo cobra sentido cuando comprendemos quiénes están detrás de esta campaña: precisamente aquellos que parecen sentir más desprecio que orgullo por su país. Los mismos que se avergüenzan de la bandera, que obedecen sin titubeos a un independentista a la fuga y que, con esmero, castigan a quienes marcan el ritmo de la economía. ¿Lo más inquietante? Que su estrategia parece estar funcionando y que, para colmo, una parte considerable de la población la aplaude.
El país que vio nacer a gigantes como Inditex, Banco Santander, Barceló o Iberdrola ahora educa a jóvenes cuya mayor ambición es conseguir una plaza de funcionario.
Y esta sola afirmación basta para evidenciar el problema: lo que nos venden como progreso en el diccionario sanchista, se traduce realmente en dependencia estatal. Y ojo, la reducción de la jornada laboral no tendría por qué ser un problema -ahí está el ejemplo de Países Bajos o Francia-, pero sí lo es cuando todo el ecosistema político y social premia la mediocridad y promueve el esfuerzo mínimo.
Si atendemos a la España actual, el camino más sensato o fácil para un joven parece ser opositar, asentir sin cuestionar y rendir culto al sanchismo. Y quién sabe, si se demuestra suficiente docilidad, quizá hasta se le conceda un puesto estratégico en alguna institución de peso como el Banco de España, Telefónica o Europa Press.
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Porque ese es, al fin y al cabo, el verdadero objetivo que se esconde tras el “elle” y “la conmemoración a las víctimas del franquismo”: fomentar la orfandad intelectual y apatía crítica, la fórmula perfecta para garantizar la permanencia en el poder.
Esta dependencia alcanza su punto álgido cuando al empresario, autónomo -o, para ser más claros, al emprendedor- se le castiga por el pecado de esforzarse y ser exitoso. El panorama mundial ya nos da pistas: Argentina, Italia y Estados Unidos no solo reflejan el ascenso de la derecha, sino, sobre todo, el estrepitoso fracaso de la izquierda populista. Porque el discurso social suena vacío cuando uno no puede independizarse o pagar algo tan simple como el metro. La ideología se vuelve un lujo cuando la estabilidad tambalea, y la cultura woke expandida por occidente está condenada a desplomarse bajo el peso de su propia incoherencia.
España, sin embargo, sigue atrapada en la transición, aún con trabajadores que creen que este gobierno obra en su beneficio. Pero la realidad es tozuda: aquí no solo se demoniza al empresario, sino que, por efecto dominó, también se debilita a los propios trabajadores. En definitiva, la improductividad y la cultura del mínimo esfuerzo nunca han sido, ni serán, una receta para la prosperidad de ningún país.
