Fernando de Rosa: «Quieren expulsar a la Guardia Civil»
El gobierno socialista de Pedro Sánchez, con la complacencia de la delegada del gobierno, Pilar Bernabé, y la sumisión de los socialistas valencianos con el mutismo de la ministra Diana Morant a la cabeza, están empezando una política de expulsión de facto de la Guardia Civil de las zonas rurales y de interior de nuestra Comunitat.
El marco normativo actual configura un sistema de seguridad en el medio rural que recae, principalmente, en la Guardia Civil que desarrolla sus funciones en el 83.1% de los municipios donde reside el 35% de la población.
Esta amplio despliegue territorial convierte a la Guardia Civil en un elemento vertebrador y de seguridad en las zonas rurales y en los lugares donde afecta más la despoblación y que están más necesitadas de esa presencia.
A pesar de la labor que realizan estos profesionales, en muchas ocasiones de forma heroica, el Ministerio del Interior prepara un nuevo marco normativo para realizar un repliegue de las zonas rurales de toda España y por consiguiente, en la Comunitat Valenciana, medidas que van a provocar un desmantelamiento progresivo de la seguridad en amplias zonas de nuestra Comunitat.
El gobierno socialista tiene previsto, según ha reconocido el propio Marlaska, que los cuarteles de la Guardia Civil, allí donde se mantengan, solo tendrán atención al público presencial desde las 9 horas hasta las 14,30 horas y fuera de este horario solamente se atenderá mediante internet, via telefónica o por la aplicación informática “AlerCops”, situación incomprensible en zonas con dispersión poblacional y mayoritariamente envejecida.
Muchos municipios están demandando más seguridad, máxime cuando el aumento de la criminalidad en España ha sido de un 3% en el primer semestre de 2024 destacándose la Comunitat Valenciana con una cifra total de 141.440 infracciones penales en este periodo, y sobre todo, cuando la mayoría de los municipios rurales no cuentan con policía local.
Esta política de expulsión de la Guardia Civil es la característica del gobierno socialista que va aceptando las peticiones de sus socios, públicas y secretas, de hacer desaparecer a la benemérita.
Así ha ocurrido en Navarra donde se le ha privado de la competencia de tráfico a petición de Bildu, o la eliminación de la competencia de control fiscal o de fronteras como se ha negociado con ERC.
Ahora, lo siguiente, es hacer invisible a la Guardia Civil en las zonas donde está más arraigada que son las comarcas rurales, donde son la única protección frente a los robos en los campos y suponen la tranquilidad de millones de ciudadanos.
Por eso, es necesario revertir esta situación reforzando su presencia en aquellos municipios donde su intervención es esencial, mantener los cuarteles desplegados en todo el territorio español dotándolos de mas medios personales y materiales, ya que la política de seguridad no puede ser cerrar cuarteles y alejar la seguridad de los ciudadanos. Para cumplir esa función es absolutamente necesaria la atención personal las 24 horas al día.
Igualmente, es fundamental dar marcha atrás en el desmantelamiento de las unidades del SEPRONA, servicio de protección de la naturaleza, y a continuación, cubrir las vacantes existentes y así evitar que su ausencia permita los continuos robos en nuestros campos y ganaderías así como que se produzcan atentados contra nuestro patrimonio natural.
Defender la labor y la presencia de la Guardia Civil en las zonas rurales es imprescindible para garantizar la seguridad y ayudar a fijar la población en amplias zonas de España.
Hay que parar la política de odio que los socios de Sánchez están llevando a cabo contra la Guardia Civil, no solamente parando los ataques directos como esas actividades desplegadas en los pueblos vascos y navarros en los que se enseñan a los niños a atacar a la guardia civil, que no han sido evitados por el gobierno de Sánchez, sino también, la forma indirecta de ataque como es esta política de desmantelamiento progresivo de la presencia de la benemérita de las zonas rurales.
Esto va a provocar que hasta 585 puestos vayan a desaparecer en caso que siga adelante la política del Ministerio del Interior, afectando de forma importante a la Comunitat con el asentimiento de Pilar Bernabé, Diana Morant y la sumisión de los socialistas valencianos, también de los alcaldes y concejales socialistas que gobiernan muchos de los municipios que se van a ver afectados.
