Fernando de Rosa: Es necesario llegar hasta el fondo
Durante los años de gobierno de Pedro Sánchez en España y de Ximo Puig en la Comunitat Valenciana, hemos podido comprobar la existencia de un mismo patrón con respecto a la corrupción. Este patrón es borrar cualquier vestigio para negar que ha existido la misma y así lograr que cale en la ciudadanía que la malversación no afecta a la izquierda sino solo a la derecha, y además, borrar también la de sus socios y lograr mantenerse en el poder a toda costa.
Por eso, es tan importante la iniciativa llevada a cabo por la mayoría de los votos en les Corts para aprobar un plan de trabajo que permita investigar las presuntas irregularidades cometidas en el sector público de la Generalitat durante los años 2016-2023. Este plan se llevará a cabo dentro de la comisión de investigación aprobada, con los votos en contra del PSPV y de Compromís, y están citados 40 dirigentes de organismos públicos.
Es necesario investigar hasta el fondo de lo ocurrido en dichos organismos, máximo cuando los informes de la intervención general y distintas auditorías alertaron que más del 90% de las empresas públicas contrataron, durante el gobierno de Ximo Puig, personal saltándose la ley.
Hubo procedimientos de contratación irregulares, duplicidades del gasto y pagos sin control ni autorización entre otras irregularidades.
Todo ese gasto, con dudas de legalidad, se ha producido con nuestro dinero, con el que pagamos a través de nuestros impuestos, por lo que es necesario la máxima transparencia ya que están bajo la lupa 253.122 contratos adjudicados a dedo por un valor de 713 millones de dinero salido de los bolsillos de los valencianos. 159 millones a través de contratos menores sin publicidad y 554 millones a través de contratos que no tenían tramitado expediente administrativo de pago.
Además, se han certificado 400 contratos de personal laboral sin tener la autorización por la Dirección General de Presupuestos como es preceptivo.
Este despilfarro, por ahora puede definirse así. Debe ser investigado porque en un momento de asfixia económica de nuestra Administración por la falta de una financiación justa, es necesario comprobar a donde ha ido nuestro dinero e intentar recuperarlo en el caso que se compruebe que han existido algo más que irregularidades.
Viendo la cifra que debe ser investigada, 713 millones de euros, a muchos nos vienen a la cabeza los 679 millones defraudados en los ERE de Andalucía y que tanto empeño ha tenido el PSOE de borrar utilizando todos los modos posibles incluyendo al Tribunal Constitucional, que ha dado un indulto encubierto a los declarados responsables por delitos muy graves, tanto por la Audiencia Provincial de Sevilla, como por el Tribunal Supremo.
Transparencia en la utilización del dinero público es lo que exigimos los contribuyentes, porque así nos lo exige la Hacienda Pública, y no nos valen excusas de los responsables políticos u organizativos.
Si todo es correcto para todos será una gran tranquilidad, pero si hay alguna “irregularidad” habrá que evaluar el alcance de la misma y actuar en consecuencia.
Nunca la lucha contra la corrupción ha quedado tan desvirtuada en España como en estos últimos años en los que el gobierno de Sánchez ha disminuido las penas de malversación para beneficiar a sus socios golpistas, ha utilizado al Fiscal General del Estado para amnistiar a los malversadores y hasta está creando un relato falso sobre el grave saqueo de dinero público ocurrido en Andalucía en el que los condenados, en muchos casos cargos socialistas, se gastaban el dinero en prostitución y drogas como consta en el sumario.
Por eso, es necesario llegar hasta el fondo en la comisión de investigación sobre el funcionamiento de empresas e instituciones públicas y todos los responsables deben colaborar en el esclarecimiento, porque como dice el dicho popular “el que nada debe nada teme”, por lo que los ciudadanos tienen el derecho a saber y los que van a comparecer en dicha comisión si no deben nada, no pueden temer al control ciudadano.
