Enrique Arias Vega: “Empresas Catalanas”
Hilo a hilo, los independentistas catalanes van destejiendo la unidad de España. Para eso están los acuerdos de Pedro Sánchez con ERC y con Junts y los que seguirá habiendo para mantenerse el Presidente a todo trance en el poder.
Los últimos acuerdos, hasta ahora, con el partido de Puigdemont conllevan la publicación de las balanzas fiscales del debe y haber de las comunidades autónomas con el Estado, la cesión de las competencias sobre migración —en contra de lo fijado taxativamente por la Constitución, cuyo artículo 149.1 las considera materia “exclusiva” del Estado— y la supresión del artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Este último dice que en caso de duda de un tribunal español de que la sentencia afecte al Tribunal de Justicia Europeo y sometido a la interpretación de éste, cualquier actuación judicial queda en suspenso mientras se toma la decisión. Lo cual, obviamente podría afectar negativamente, aunque sólo sea por dilación, a la ley de amnistía.
Pues ya tenemos el suma y sigue, hasta la independencia total, del separatismo catalán. Otra de sus ocurrencias, no formulada todavía en un acuerdo, consiste en castigar a las empresas que abandonaron Cataluña cuando la declaración unilateral de independencia o en cualquier fase del llamado “procés” de desconexión territorial.
Esa petición, más que cualquier otra, demuestra el concepto dirigista de los próceres del independentismo sobre lo que los ciudadanos pueden o no pueden hacer. Se les obliga al uso de una lengua, se mutilan los conceptos de su formación escolar y se decide dónde deben trabajar. La sanción a los expatriados no se aplicaría a título individual, pues ya querría el separatismo la marcha de los constitucionalistas, que en el caso de Euskadi cuando la violencia de ETA sirvió para limpiar de votantes opuestos al nacionalismo. No: hablamos de empresas, de dinero, de recursos financieros.
Si esto no es fascismo, ya me dirán en qué no se le parece.
