Fernando de Rosa: » Valencia es más insegura»

La Comunidad Valenciana es cada vez más insegura debido al aumento de la criminalidad. Según los datos del Ministerio del Interior en 2022 aumentaron los delitos un 18,23%, lo cual supone que se hayan cometido 195.027 infracciones, lo que implica que decenas de miles de valencianos hayan sufrido el drama de ser víctimas de la delincuencia en sus bienes o personas.

• Los homicidios y asesinatos han aumentado un 45,45%.

Los robos con violencia e intimidación se han incrementado un 31,71%. Los robos en domicilios han aumentado un 13,53%. Los delitos de abuso y acoso sexual se han disparado un 27% y las agresiones sexuales, un 37,2%, según la memoria de la Fiscalía valenciana. Es tal la gravedad que la propia Fiscal Superior ha solicitado bajar la edad de 14 a los 12 años para poder ser perseguidos en los Juzgados de Menores ante el aumento de los agresores sexuales entre menores, dándose casos de niñas víctimas, incluso de 10 años. La Fiscal se preguntaba qué no estamos haciendo bien.

Otra cuestión preocupante es el aumento de la delincuencia en nuestras ciudades, dándose el caso que en Valencia capital el aumento es de un 46,2%, destacándose en el peligro barrios como Orriols, El Cabañal o Nazaret.

También en el campo valenciano se sufre la delincuencia y el importe de los perjuicios que sufren los agricultores se cifra en 25 millones de euros, que castigan aún más los bolsillos de los profesionales del campo, ya muy castigados por la subida de los costes de producción motivada por la inflación.

Pero lo más sorprendente es la respuesta del Gobierno a este aumento de la inseguridad ciudadana, especialmente en la Comunitat Valenciana, que no es otra que criminalizar a las propias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Así pues, el gobierno junto a ERC y BILDU siguen adelante con la derogación de la actual ley de seguridad ciudadana, para sustituirla por otra al gusto de unos socios que siempre han trabajado para desacreditar a estos profesionales de la seguridad pública.

• La nueva ley limitará a la policía y a la guardia civil en su facultad de identificación de sospechosos para indagar o prevenir los delitos.

Igualmente se pretende dejar sin sanciones las manifestaciones no autorizadas, y rebajar el valor probatorio de los atestados policiales.

Igualmente se va a permitir la grabación y difusión de las imágenes de los agentes de la autoridad, lo cual supondrá poner en riesgo la vida de los mismos y sus familias, ya que los delincuentes podrán reconocerlos e incluso atentar contra ellos cuando estén en su esfera privada.

Tampoco se sancionará a los menores que provoquen desórdenes públicos, lo cual provocará una clara impunidad en la delincuencia juvenil, en un momento en que la violencia de las bandas de menores está en pleno auge como destacan las estadísticas oficiales.

Para luchar contra este aumento de delincuencia en nuestra tierra, pero también de forma generalizada en toda España, no cabe atar de pies y manos a nuestros agentes de la autoridad sustituyendo la actual ley de seguridad ciudadana por otra al gusto de ERC, Podemos y BILDU, sino mantener la actual y proceder a la reforma del código penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM). Así, el Partido Popular ha presentado una proposición de ley para dejar claro que la acumulación de delitos, incluidos los leves, se castigue con pena de prisión, es decir se castigue más duramente la multirreincidencia.

• Hay que evitar que la comisión reiterada de pequeños delitos quede impune

Somos los ciudadanos quienes sufrimos esta oleada de delincuencia y son nuestros policías y guardias civiles quienes ven como su esfuerzo para combatir la delincuencia se ve frustrada.

La lucha contra la delincuencia exige que la ley proteja al ciudadano y sancione al delincuente, que nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tengan suficientes medios personales y materiales para evitar el delito, que tengamos una ley de seguridad ciudadana que sirva para evitar la inseguridad y no se lo pongan fácil al delincuente.

Es necesario cambiar la política que sigue el gobierno, que parece que su única finalidad es aprobar leyes que dejen en la calle a corruptos, violadores, pederastas, golpistas y okupas, dejando en la calle a delincuentes, en vez de trabajar para que las calles sean de los ciudadanos.

Pero creo que para que cambie dicha política lo mejor es cambiar al gobierno tanto en la Comunitat Valenciana como en Madrid, y para eso tenemos la primera oportunidad el 28 de mayo.