– Comunicado de Carlos Flores Juberías ( VOX )
La información de la que se hace eco el diario Levante-EMV –que ya fue objeto de publicación por este mismo diario en el año 2002– se enmarca en un proceso de separación conyugal suscitado hace veintitrés años, que devino conflictivo por la existencia de desacuerdos respecto de la custodia y el domicilio de los tres hijos menores de edad habidos en el matrimonio.
Consecuencia de esa conflictividad fue un intercambio de denuncias mutuas que una tras otra fueron archivadas o se saldaron con sentencias absolutorias, con la única excepción de la recaída en fecha de 15.04.2002, que resultó condenatoria.
Dicha sentencia lo fue por violencia psíquica –jamás hubo ni siquiera una acusación de otro tipo de violencia– y se tradujo en una pena privativa de libertad y una multa. Pena cuyo cumplimiento resultó suspendido por no haber delinquido nunca ni antes, ni después de aquel momento, con la consecuencia de que a día de hoy carezca de antecedentes de ningún tipo.
Soy el primero en lamentar el dolor causado en aquellos momentos a mis seres queridos –el padecido por mí solo a mí me concierne– y también el primero en alegrarme de que todos hayamos dejado atrás aquel desafortunado episodio de nuestras vidas sobre la base del respeto mutuo.
Y también soy el primero en entender que nuestro ordenamiento jurídico no contempla ni puede contemplar penas de por vida o de duración indeterminada, y menos para quienes han hecho de la defensa de nuestro régimen de derechos y libertades la razón última de su vida pública. Y en rechazar todo intento de utilización con fines partidistas de unos hechos acontecidos hace ya dos décadas en la esfera privada y enteramente carentes de relevancia política.
