– “Actualmente hay 2.000 viviendas públicas menos que en el año 2015”
Valencia, 30 de marzo de 2022. El diputado del Grupo Parlamentario VOX Comunidad Valenciana Miguel Pascual, ha criticado hoy en las Cortes que “durante estos siete años de gobierno del Botánic, en materia de vivienda se ha visto una falta de gestión absoluta”.
Pascual ha señalado que “actualmente hay 2.000 viviendas públicas menos que en 2015. De hecho, en algunos casos la degradación ha sido tan grande que se ha optado por derribar inmuebles en vez de rehabilitarlos. Además, hay otras casi 1000 viviendas que se encuentran en estado ruinoso y que por lo tanto no pueden ponerse a disposición de las familias que las necesitan”.
“Y por si lo anterior fuese poco, desde el Consell se han seguido unas políticas de permisividad por lo que en la actualidad el parque público tiene el 10 por cien del total de sus viviendas, es decir, una de cada 10 viviendas públicas, ocupada de forma irregular”, ha añadido.
El diputado ha insistido en que “la ocupación no es un derecho, es una ilegalidad y debe perseguirse y erradicarse”. Y ha afeado al Conseller de Vivienda, Héctor Illueca, que “este gobierno socio comunista ha abandonado a los ciudadanos a su suerte, ha abandonado lo que es patrimonio de todos: las viviendas públicas de la Generalitat”.
Durante su intervención, Miguel Pascual ha explicado que “la ocupación a lo único que nos deriva es a la degradación y al enfrentamiento en nuestros barrios. Hay que recuperar todas las viviendas ocupadas de forma irregular para que la Generalitat las ponga a disposición de las familias que de verdad las necesitan. Pero también hay que crear un sistema de alerta temprana para detectar cuanto antes todas aquellas nuevas ocupaciones ilegales”.
Por último, el diputado ha dicho que “hay que terminar con el efecto llamada a la ocupación que se ha estado llevando a cabo desde el actual gobierno. Y para ello hay que mandar un mensaje claro a todo aquel que quiera saltarse en la ley en beneficio propio, y no es otra que la de excluir de cualquier ayuda pública a todos aquellos que hayan sido condenados en sentencia firme por ocupación ilegal”.
