El PP ampliará la denuncia a Antifraude de las obras de la Plaza del Ayuntamiento tras detectar los auditores un posible fraccionamiento
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La auditoria detecta 3 contratos por importe de 32.750 (sin IVA) que cumplen una misma finalidad técnica y económica de las prestaciones que se contratan
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Mundina anuncia que aportará a la Agencia Antifraude las auditorias donde se detectan posibles fraccionamientos y los contratos dados por el gobierno de Ribó para la Plaza del Ayuntamiento
El concejal del Grupo Municipal Popular, Carlos Mundina, ha anunciado hoy que el PP va a ampliar la denuncia que presentó hace más de un año en la Agencia Antifraude por las obras de la Plaza del Ayuntamiento, cuyo primer contrato fue a dedo, exprés y dado a una empresa vinculada con un alto cargo del Botànic.
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“Hemos decidido ampliar la denuncia tras conocer el informe de los auditores donde señalan 3 contratos relativos a la Plaza del Ayuntamiento y advierten de un posible fraccionamiento”, ha señalado el concejal.
Los tres contratos que suman 32.750€ (sin IVA) desde el punto de vista de los auditores “ estos contratos cumplen una misma finalidad técnica y económica de las prestaciones que se contratan y, en consecuencia, se podría haber valorado la posibilidad de realizar un único expediente de contratación que cubriera el proyecto de remodelación en su totalidad (artículo 99 LCSP). “
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“Vamos a aportar a la Agencia Antifraude estas auditorias que detectan deficiencias en la contratación y señalan clarmente las obras del Ayuntamiento”
Mundina ha recordado que el gobierno de Ribó se ha gastado 1,2M€ a través de multitud de contratos dados no sólo en la EMT sino también a través de las concejalías de Movilidad y Urbanismo. “Vamos a aportar todos estos contratos a la Agencia Antifraude ya que muchos de ellos se deben a un mismo objeto y queremos saber si ha habido fraccionamientos”.
Carlos Mundina y Marta Torrado, consejeros del PP en la EMT, han mostrado su preocupación ante las auditorias que hoy van al Consejo de Administración donde alertan que la Entidad no ha implantado un programa de prevención de riesgos penales que incluya medidas de vigilancia y prevención de responsabilidades, t también se detectan deficiencias en materia de contratación y se pide un mayor control sobre la documentación y plazos de pagos entre otros, así como irregularidades en caso de transparencia.
“Sin duda lo más grave es la reclamación de la liquidación de la Agencia Tributaria de 10,5M€ por no declarar el IVA de las aportaciones municipales. De hecho,los auditores hacen una salvedad en el informe de auditoría de las cuentas anuales ya que la Entidad debería haber registrado la provisión de riesgos correspondiente. ”.
