El Sindicato Médico CESM CV denucnia el grave riesgo q aue se somete a la población. Además del posible delito de intrusismo profesional con la creación de Unidades SAMU sin médicos
Desde el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana CESM-CV consideran que la puesta en funcionamiento de unidades asistenciales de emergencias de Soporte Vital Avanzado sin la dotación presencial de médicos supone una irregularidad en la organización de este servicio sanitario dependiente del Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunidad Valenciana. «Menoscaba la calidad asistencial al privarle del personal cualificado esencial para realizar este tipo de atención con las suficientes garantías formativas».
Recorte en la atención asistencial
Con esta medida se procede a un recorte de la atención, creándose equipos “low-cost” sin las garantías necesarias para la atención, lo cual supone un riesgo inadmisible para la seguridad de la población subsidiaria de dicho servicio. Que además no ha sido informada de ello.
En la misma línea, desde CESM-CV consideran que esta medida aprobada por la Administración Sanitaria de la Comunidad Valenciana pudiera ser constitutiva de delito de
intrusismo profesional por parte de quienes ejerzan o vayan a ejercer funciones propias del médico sin tener la formación, titulación y categoría profesional requeridas. Por ello, los pasados 8 y 15 de febrero, remitieron sendos escritos dirigidos a la Dirección General del Servicio de Emergencias Sanitarias (SES) con la petición expresa de que corrijiera de inmediato esta circunstancia evitando de esta manera que se pudiera dar lugar a la prestación del servicio de emergencias sin las garantías legales establecidas para ello.
Acciones legales contra la Consellería de Sanitat
Por todo ello, el Sindicato Médico CESM-CV, con el objeto de defender los derechos
de la profesión médica y los derechos de los pacientes, usuarios potenciales de este
servicio, está recabando la información pertinente para iniciar de forma inminente acciones legales contra la Conselleria de Sanidad y todas aquellas personas que incurran en un posible delito de intrusismo profesional.
