La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Isabel Bonig, ha denunciado hoy que los tres partidos que sustentan la Generalitat han rechazado respaldar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), y “le han dado la espalda” en un momento “difícil y complicado”.
Bonig se ha referido de esta manera durante el ple de Les Corts. Donde ha explicado que el PP ha presentado una declaración institucional en apoyo de las FCSE y de condena a los últimos altercados vividos en diferentes ciudades españoles y de las declaraciones que las hayan podido alentar.
“Nos llama la atención que Chimo Puig no haya salido a dar la cara, a hacer una declaración institucional y publica, coherente y contundente de condena de esos altercados ni de respaldo a nuestros agentes”.
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Así mismo, el PP ha querido denunciar aquellas declaraciones de todos los cargos públicos. Que hayan alentado este tipo de manifestaciones de odio y de falta de respeto al Estado de derecho y a los garantes de este estado que son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
“Es fundamental en estos complicados y difíciles que los de las FCSE se vean respaldadas por sus gobernantes. Porque una cosa es el derecho de manifestación y libertad de expresión, que el Partido Popular siempre ha defendido. Pero otra cosa es que alguno se utilicen esos derechos para romper las reglas de convivencia como estamos viendo”, ha criticado.
Bonig califica de sorprendente que Puig no apoye a la Delegada del Gobierno
Es muy sorprendente que Puig “no haya apoyado a la delegada del Gobierno en la Comunitat, Gloria Calero. De quien dependen los agentes y le ha trasladado el apoyo del PP. Estamos, ha añadido Bonig, ante una deriva más del partido socialista”.
¿Qué hace A Punt dando voz a los prófugos de la justicia?
Así mismo, ha querido referirse al programa emitido por A Punt donde un condenado y fugado de la Justicia asistió a un debate con la representante de COVITE, Consuelo Ordóñez. Así, ha anunciado que el PP ha pedido explicaciones y la comparecencia del Director general del ente. “Queremos saber por qué con el dinero público de todos los valencianos se le da voz a una persona que está condenada en virtud de sentencia judicial firme por graves delitos. Esto no es respeto nuestro Estado de Derecho”.
