Unauto VTC «Las restricciones exigidas por el sector del taxi supone la expulsión de los VTC en la Comunidad»
Unauto VTC Valencia ha tenido acceso al texto del Proyecto de Decreto-Ley del Consell de Prestación de servicio de Transporte Público discrecional de persona viajera mediante arrendamiento de vehículo con conductor (VTC). Agradeciendo que la Generalitat Valenciana haya incluido al sector de las VTC en este proceso regulatorio, lamentamos que las restricciones propuestas sigan la línea del decreto catalán, que ha significado la desaparición del sector de las VTC en Cataluña.
Ricardo González, Presidente de Unauto VTC Valencia, destaca:
El futuro de las VTC, que llevan operando desde hace décadas en la Comunidad Valenciana, y, ahora, a través de las apps de movilidad, se ve claramente comprometido por las restricciones que pretende aprobar la Generalitat.
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Las restricciones exigidas por el sector del taxi supone la expulsión de los vehículos VTC en la Comunidad.
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Esto provocará que más de 500 conductores y conductoras sean despedidos en la Comunidad Autónoma de Valencia, dado que sus empresas se verán obligadas a cerrar. Además de ser francamente perjudicial para el ciudadano y los visitantes de la Comunidad Valenciana.
Estas 500 personas están en riesgo de exclusión laboral, ya que muchos procedían del paro de larga duración y han encontrado en este trabajo la vía para reinsertarse en el mercado laboral. Si se les quita este trabajo, es posible que vuelvan al paro sin encontrar otro empleo
El taxi de Barcelona consiguió echar a Uber y Cabify y el taxi de Valencia ha querido seguir el ejemplo de Cataluña:
Perjudica directamente a los cientos de miles de valencianos que también quieren utilizar los servicios de VTC ni las necesidades de movilidad urbana.
Las restricciones harán que Valencia, en lugar de mirar al futuro, vuelva a un modelo de movilidad del siglo XX, limitando además las opciones de movilidad de los valencianos
El sector del taxi está engañando tanto a las instituciones, como a los ciudadanos.
Ya hemos advertido en muchas ocasiones que, de acuerdo con un informe de EY sobre el coste de la expropiación de las autorizaciones VTC, la Generalitat se enfrenta al pago de 166 millones de euros en concepto de daños y perjuicios a los titulares de autorizaciones de VTC. Además, supondrá un encarecimiento de las tarifas del taxi, al que se blinda de la competencia. Estas compensaciones recaerán en los valencianos, privilegiando a unos pocos.
Estos costes han sido confirmados por el informe del Consell de Garanties Estatutàries de Cataluña, que ha expuesto que esta normativa atenta contra la libertad de empresa y reconoce que las indemnizaciones al sector VTC podrán ser reclamadas por los propietarios de autorizaciones. Por tanto, consideramos contraria a la lógica la aprobación de una normativa similar en la Comunidad Valenciana. Citando textualmente este informe de un órgano oficial: «obstaculiza de manera excesiva y, por tanto, de forma no razonable el derecho constitucional a la libertad de empresa».
Apelamos a la responsabilidad del ejecutivo autonómico y solicitamos que se formalice una consulta al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana sobre el borrador que tenemos hoy encima de la mesa.
Confiamos en que Valencia no querrá seguir el ejemplo de Cataluña y trabajará por encontrar una solución que garantice la convivencia de otras alternativas, como está sucediendo en la Comunidad de Madrid.
