Ferrer San-Segundo: “Puig no puede mantener a Bravo un minuto más en una responsabilidad gestionada de forma irresponsable”.
María José Ferrer San-Segundo, ha exigido hoy a la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, “que asuma responsabilidades de inmediato”, después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales haya anulado las obras del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
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Bravo y el Consell Botànic de Puig/Oltra, que fue también avisado de la ‘ilegalidad’ por la Cámara de Contratistas
Ferrer San-Segundo ha recordado que ya había advertido, “expresamente y en varias ocasiones, también en sede parlamentaria”, que la adjudicación ‘a dedo’ de estas obras a la empresa Tragsa “acarrearía numerosos problemas, conllevando la paralización, y retraso, de la rehabilitación del TSJ”. “Y, como siempre -ha proseguido- Bravo y el Consell Botànic de Puig/Oltra, que fue también avisado de la ‘ilegalidad’ por la Cámara de Contratistas instando la revocación de la encomienda, hicieron oídos sordos y siguieron a la suya, ignorando, no solo las razonadas argumentaciones del Partido Popular, sino también el clamor del sector”. El recurso fue interpuesto por la Confederación Nacional de la Construcción y apoyado por numerosas organizaciones representativas en la Comunitat Valenciana.
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Por qué se licitó el proyecto con exigencias imposibles de cumplir para ser declarado desierto, y apoyándose en ello adjudicar ‘a dedo’ también la ejecución de toda la obra de forma directa impidiendo la libre concurrencia
La diputada popular incluso presentó en Les Corts una batería de preguntas y requerimientos documentales a la consellera de Justicia, aún no atendidos por Bravo, sobre el proceso seguido en la adjudicación de las obras, “que ha recibido las denuncias de profesionales y entidades de un sector tan precarizado y necesitado de trabajo, por considerar ‘ilegal’ la contratación”.
Entre las preguntas que formuló la diputada figuraba “por qué se licitó el proyecto con exigencias imposibles de cumplir para ser declarado desierto, y apoyándose en ello adjudicar ‘a dedo’ también la ejecución de toda la obra de forma directa impidiendo la libre concurrencia; o cómo se había determinado el precio de las obras sin tener el proyecto”.
Asimismo, Ferrer San-Segundo preguntó expresamente a la Consellera de Justicia “qué medidas había tomado, antes de realizar la adjudicación, para paliar la previsible paralización y considerable retraso en la realización de las obras si se declaraba la ilegalidad de la adjudicación”, ahora decretada, “y para asumir su evidente responsabilidad en cuanto así ocurriera”.
Que el proceso seguido por Bravo en la contratación de un obra tan importante, e inaplazable, como la remodelación de TSJCV, podía ser declarado ilegal, era una evidencia para cualquier jurista
“Pero es que, además, fue denunciado públicamente una y otra vez, ante Bravo y el Consell. Y ni aun siendo reiteradamente advertida, revocó la contratación para corregir la irregularidad y no causar más demoras ni perjuicios”, ha proseguido.
Ferrer San-Segundo ha resaltado, finalmente, que “incurrir en ilegalidades, cuando además son especialmente alertadas, resulta especialmente grave, inexcusable, en una Consellera que presume continuamente de su formación jurídica”. “Una gestión irregular -además no es la primera- que provoca perjuicios previsibles en lugar de evitarlos, exige asumir responsabilidades, jurídicas y por supuesto políticas: su dimisión inmediata. Puig no puede mantenerla un minuto más en una responsabilidad gestionada de forma irresponsable”, ha concluido.
