El maltrato en el mundo rural, cuando el “miedo al qué dirán” condena a las víctimas a un doble silencio

“He sufrido la España profunda. Ese pueblo ha sido un horror, todo el mundo hablando mal de mí”. Susana se separó hace dos años de su marido después de 18 años de matrimonio y maltrato psicológico en un pequeño pueblo de apenas medio millar de habitantes. “Era no tener derecho a la vida, si ponía un cuadro porque lo ponía mal, si hacía rosquillas también… Todo lo hacía mal“, relata esta mujer ganadera de 54 años que prefiere mantenerse en el anonimato.

Susana, que llegó a tener 1.500 ovejas y que ahora ha montado una quesería, reconoce que “no sabía cómo salir de ahí”. “He estado con depresiones horribles, deseando morirme”, explica a RTVE.es desde el otro lado del teléfono con motivo del Día contra la Violencia de Género que se celebra este domingo.

La presidenta de la Federación de Mujeres y Familias en el mundo rural (AMFAR), Lola Merino, subraya que “la mentalidad más tradicional” que existe en los municipios pequeños “puede llevar a empeorar el calvario” que ya de por sí sufren las mujeres víctimas de violencia de género. “El mayor miedo al qué dirán, al escarnio público, a las represalias y los menores recursos” de los que disponen hacen “más dolorosa y silenciosa” la situación, añade.

El mayor miedo al qué dirán, al escarnio público, hace más dolorosa la situación

A este factor se unen también otros obstáculos que tienen que salvar a mayores estas víctimas, como la menor independencia económica respecto a las mujeres de entornos urbanos porque muchas de ellas no trabajan fuera de casa -la tasa de paro es del 42,8%, según cifras de UPA, frente al 16,22% del paro femenino en el conjunto del país-, o la dificultad añadida de denunciar en pueblos con cada vez menos cuarteles de la Guardia Civil y cada vez peor comunicados cuando no se tiene carné de conducir en la mayoría de los casos.

Merino subraya que de las 44 víctimas de violencia de género en lo que va de año, 20 de ellas -más de un 45%- vivían en poblaciones por debajo de los 30.000 habitantes, según los propios cálculos que hace AMFAR, “cuando en el 80% del territorio rural solo vive el 20% de la población”.

La violencia psicológica, la más frecuente

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur), Teresa López, destaca que las mujeres asesinadas son “la punta del iceberg de una violencia que empieza mucho antes y sobre la que hay un gran desconocimiento” estadístico en el mundo rural. Las cifras oficiales de víctimas mortales, por ejemplo, no dan información en función del tamaño del municipio.

Los últimos datos disponibles sobre la prevalencia del maltrato son los de la última Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015 [.pdf], que concluyen -afirma López- que “hay la misma violencia pero las mujeres son menos conscientes de que son víctimas”.

Si trabajaba porque trabajaba, si me iba porque me iba, era no tener derecho a la vida

Según este estudio que se elabora cada cuatro años, la violencia psicológica como la que sufrió Susana es la más frecuente. El 17,7% de las mujeres de municipios de menos de 2.000 habitantes ha padecido violencia psicológica de control y el 16,5% violencia psicológica emocional. El 6,2% ha sufrido violencia física, el 5,9% violencia sexual, el 9,8% ha tenido miedo de su pareja y el 8,6% ha padecido violencia económica.

“Si trabajaba, porque trabajaba, si me iba, porque me iba por ahí, era no tener derecho a la vida”, vuelve a repetir Susana. “Maltrato físico no llegó a haber, solo un día me pegó una patada y me empezó a insultar pero le dije ‘tú a mí no me pegas'”, explica. En su caso, se ha tenido que enfrentar al “reto añadido” de hacer un “trabajo de hombres” en un entorno en el que “hay mucha cultura de que la mujer era para estar subordinada” al marido.

Menos denuncias y separaciones del maltratador

Donde la macroencuesta sí arroja mayores diferencias es a la hora de denunciar. Las víctimas que viven en municipios de menos de 10.000 habitantes acuden en menor medida a la policía o a los juzgados (25,2%) que las mujeres que viven localidades con más población (29,25%).

“Muchas mujeres o son conscientes de que corren riesgo de verdad o se piensan mucho acudir a denunciar”, explica López, que en este sentido cree que ha sido muy importante que el Pacto de Estado recoja que no es necesaria la denuncia para que se pongan en marcha todos los mecanismos de asistencia.

El recorte brutal de servicios durante la crisis se ha cebado con los pueblos

También son víctimas, según la macroencuesta, que rompen menos la relación con su agresor -el 54,3% de las maltratadas que viven en pueblos de menos de 2.000 habitantes frente al 68,1% de las que viven en lugares con más población-. De hecho cuando contaron su situación a una persona de la familia solo el 62,2% recibió el consejo dejar a su pareja frente al 81,6% de las mujeres de los municipios más grandes.

Teresa López subraya que en el mundo rural “son difíciles de encontrar los recursos de una forma anónima”, cuando los hay, porque el “recorte brutal de servicios” durante la crisis económica se “ha cebado” con los pueblos, que han visto reducidos los cuarteles, el transporte público y la asistencia sanitaria, muchas veces puerta de entrada de las víctimas al sistema asistencial.

Independencia económica como clave

La presidenta de Fademur explica que muchas acuden a la federación no para contar su caso directamente, sino en busca de consejo y ayuda para tener un trabajo que les permita romper con la situación. “Para las víctimas y para todas las mujeres, hay que facilitar que sean independientes si ese es su deseo. Es lo que necesitan“, subraya.

“La independencia es clave a la hora de actuar. El hecho de estar en el paro, de ser ama de casa, te genera miedo porque no sabes dónde ir“, coincide Lola Merino, de AMFAR.

El hecho de estar en paro, de ser ama de casa, te genera miedo porque no sabes dónde ir

Además de trabajar por la inserción laboral, clave para que las víctimas de maltrato puedan salir de su situación vivan en un pueblo o en una ciudad, López pide “adaptar” a las circunstancias del mundo rural los recursos destinados a luchar contra la violencia de género.

Para ello pide campañas de concienciación específicas y fomentar redes de mujeres en el territorio para que cualquier mujer sepa a quién puede acudir para poner en marcha el mecanismo de ayuda. “Una red de apoyo entre mujeres que no te cuestionen, que no te juzguen, que te acompañen en todo el proceso -explica López- La falta de anonimato tiene que pasar de ser un problema a una oportunidad”.