– Señala que el nuevo decreto de VPP “incluirá la reserva mínima del 40% de las promociones de vivienda para jóvenes menores de 35 años o familias monoparentales”
– Establecerá distintos niveles de protección para los inmuebles, apuesta por la simplificación administrativa e incrementa el nivel de renta máxima para acceder a una vivienda
– Introducirá un nuevo sistema para la fijación de precios máximos a través de un módulo “dinámico, pionero en España y que se actualizará anualmente”
– Destaca que este reglamento pretende corregir la preocupante situación de la vivienda en la Comunitat Valenciana en los últimos años con “soluciones reales y factibles”
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha explicado que con el nuevo decreto de Viviendas de Protección Pública (VPP) “damos un paso más en nuestro compromiso con la legislatura de la vivienda al aportar soluciones reales y factibles para incentivar la construcción de nuevas viviendas que faciliten el acceso a jóvenes y familias al mercado inmobiliario”.
El jefe del Consell ha participado en la presentación del nuevo decreto de VPP de la Comunitat Valenciana en un acto en el que también ha asistido la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero.
El presidente ha señalado que el objetivo de este nuevo decreto es “actualizar la normativa al escenario actual para favorecer que la vivienda de protección pública sea una opción posible para todos los valencianos, castellonenses y alicantinos que demanden una nueva residencia y corrija la situación del mercado inmobiliario en la Comunitat Valenciana tras años de inacción en esta materia”.
De este modo, ha detallado que el objetivo de este marco normativo es activar el mercado inmobiliario de vivienda protegida para “hacerla más accesible para la ciudadanía, especialmente para jóvenes”.
Así, el máximo representante del Ejecutivo valenciano ha señalado que este reglamento “incluirá una categoría de vivienda joven destinada a menores de 35 años, ajustando la renta para facilitar el acceso de los jóvenes a estos inmuebles”. “Además, -ha continuado- el decreto establecerá la obligación de que todas las promociones VPP, tanto públicas como privadas, contengan una reserva mínima del 40% para menores de 35 años”.
Asimismo, a través de esta norma podrán beneficiarse las familias monoparentales, familias con alguna persona con discapacidad o dependencia o victimas de violencia de género.
El reglamento también incrementará el nivel de renta máximo para acceder a una vivienda protegida para las familias que tengan mayores a su cargo o hijos con edades entre los 18 y 35 años.
Simplificación, seguridad y dinamismo
El president ha puesto en valor la colaboración de instituciones públicas y privadas y representantes de la sociedad civil en la elaboración de este marco normativo que “impulse la construcción de viviendas asequibles y accesibles que revierta la carencia de oferta de vivienda de los últimos años y una política ineficaz”. De hecho, Mazón ha lamentado que el desequilibrio entre la oferta y la demanda haya hecho que entre 2015 y 2023 “el precio del alquiler aumentó en un 90% y el de compra en un 49%”
En este sentido, el jefe del Consell ha señalado que con este decreto “queremos incentivar a los promotores a construir más viviendas protegidas, apostando por una mayor simplificación normativa y garantizando la seguridad jurídica”.
Así, el reglamento introduce medidas que facilitan y acortan los plazos para la obtención de calificaciones. Por otro lado, el nuevo reglamento va a mantener el carácter permanente para todas las viviendas de titularidad pública, al tiempo que establece distintos niveles de protección.
Así, el periodo de protección podrá oscilar entre 30 años para las promociones en suelos calificados para VPP, 20 años para aquellas promociones que se desarrollen en suelos que hasta ahora se destinaban a la construcción de viviendas libres y 15 años para las viviendas calificadas como vivienda joven.
Se trata de un módulo dinámico pionero en España que, en base a los costes de edificación, se ajustará de acuerdo con la evolución de los precios de mercado de la vivienda libre, la presión demográfica y la evolución de las rentas medias en cada uno de los municipios de la Comunidad Valenciana.
El president ha explicado que “este módulo dinámico y de actualización anual, tendrá limitado su nivel máximo y permitirá abaratar las viviendas fijando un precio inferior en aquellos municipios en los que se den las circunstancias”. Igualmente, ha garantizado que “el precio de venta para las viviendas de protección pública en la Comunitat Valenciana esté siempre situado por debajo de los precios de mercado para la vivienda libre”.
La legislatura de la vivienda
Durante su intervención, Mazón ha apuntado que “este nuevo reglamento de VPP es la primera piedra de un proyecto legislativo mucho más amplio, y de un conjunto de acciones que aseguren una respuesta eficaz del Consell a las necesidades de acceso a la vivienda en la Comunitat Valenciana”.
Así, a este nuevo decreto se suma a otras iniciativas como el Plan Vive que prevé la construcción de 10.000 nuevas viviendas asequibles al que ya se han adherido más de 200 municipios de la Comunitat Valenciana.
Igualmente ha puesto en valor la línea de avales del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para menores de 45 años dotado con 20 millones de euros. Una iniciativa que permite que el comprador obtenga un préstamo de hasta el 95% del precio de la vivienda.
Asimismo, ha recordado las medidas fiscales para facilitar el acceso a la vivienda con la reducción de un 25% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP). Así para menores de 35 años, colectivos más vulnerables y compradores de viviendas de protección oficial de régimen general, se ha rebajado el ITP al 6%. En ambos casos con un valor de la vivienda de hasta 180.000 euros.
Del mismo modo, se ha referido a la ampliación del Bono Alquiler Joven 2023-2024 que ha permitido beneficiar a 5.640 menores de 35 años, un 44% más que la última convocatoria. Así, para estas ayudas se han destinado 31,9 millones de euros, con un incremento del 40%.
