El juicio sentará en el banquillo a ocho exresponsables de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, entre ellos Marisa Gracia

La Fiscalía solicita más de tres años para los procesados, a los que acusa de conocer las “graves deficiencias” de la línea 1

La titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia ha decretado la apertura del juicio oral por el accidente del metro de 2006, en el que murieron 43 personas y 47 resultaron heridas, que sentará en el banquillo a ocho exdirectivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.

La presidenta de la Asociación de Víctimas del Accidente del Metro del 3 de Julio de 2006 (AVM3J), Rosa Garrote, ha manifestado su satisfacción por la apertura del juicio, aún sin fecha, ya que supone “un paso menos” de los que les queda en el camino para “llegar al final” y para que “se haga justicia”.

Garrote ha añadido que permitirá “pedir explicaciones a quienes tomaron las decisiones” sobre la situación de la línea 1, ya que considera una “vergüenza” que la responsabilidades “se quede en el último eslabón”, en el maquinista del tren que falleció en el suceso.

La Fiscalía pide más de tres años prisión para los procesados

La jueza ha aceptado la petición del ministerio fiscal y las acusaciones particulares al abrir juicio contra la exgerente de FGV, Marisa Gracia, Juan José Gimeno Barberá, Vicente Antonio Contreras Bornez, Manuel Sansano Muñoz, Francisco García Sigüenza, Sebastián Argente Cuesta, Luis Miguel Domingo Alepuz y Salvador Orts Pardo, todos ellos miembros del Comité de Seguridad en la Circulación de esa empresa pública.

La Fiscalía solicitaba, en sus conclusiones provisionales, tres años y siete meses de prisión para los ocho procesados, al considerarlos autores materiales por omisión o por cooperación necesaria de 43 delitos de homicidio por imprudencia grave profesional, 37 delitos de lesiones por imprudencia grave profesional y un delito contra los derechos de los trabajadores.

También solicitaba que se declare la responsabilidad civil directa de la compañía Zurich España SA, subsidiaria de FGV. En su escrito, el ministerio público relata una serie de “graves deficiencias” en la línea 1 accidentada, y asegura que “eran conocidas” por los organismos de seguridad de la FGV, el Comité de Seguridad en la Circulación y la Dirección de Auditoría para la seguridad, que debieron ser “controladas” y sancionadas.