Un juez imputa al hermano de Chimo Puig y al director de Política Lingüística del Govern por las ayudas al valencianoFrancisco

El Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha citado a declarar como investigados a Francisco Puig, hermano del presidente de la Generalitat valenciana Ximo Puig, como responsable de las empresas Comunicació dels Ports y Mas Mut Produccions, y al director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, en el marco de una causa por malversación abierta tras una querella del PP.

  • Un juez imputa al hermano de Chimo Puig y al director de Política Lingüística del Govern por las ayudas al valencianoFrancisco Puig y Rubén Trenzano deberán comparecer ante el juez el próximo 10 de diciembre a las 9:30 horas

La querella está firmada por la secretaria general del PP valenciano, Eva Ortiz, que reclama que se investigue si la concesión de subvenciones para el fomento del valenciano a las empresas del hermano de Chimo Puig podrían ser constitutivas de los delitos de prevaricación, malversación y fraude.

Esta querella se interpuso inicialmente en los juzgados de Vinaròs, en Castellón, ya que las empresas de Francisco Puig están radicadas en la localidad castellonense de Morella, pero se archivó al considerar que no tenían competencia territorial. Posteriormente, se presentó en Valencia y recayó en el Juzgado de Instrucción número 4, que trasladó de nuevo la cuestión a Vinaròs.

El PP denuncia «fraudulenta disposición de fondos públicos»

Por este conflicto de competencias se ha tenido que pronunciar la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que ha acordado finalmente que debe ser el juzgado de Valencia el que se ocupe de la instrucción de los hechos, dado que el delito que lleva aparejada mayor pena –el de prevaricación— «debe ser investigado por el órgano judicial del territorio en el que se ha dictado la resolución injusta».

En este caso, la querella del PP atribuye su comisión a Trenzano y a su Dirección General desde donde se dio la orden de pago que, según los ‘populares’, provocó la «fraudulenta disposición de los fondos públicos» y cuya sede se encuentra en Valencia.

Asimismo, añade que la acción de malversar «se consuma cuando se realiza el acto que genera la disposición de los fondos públicos» y que los expedientes administrativos se tramitaron en la Dirección General de Política Lingüística, por lo que la cercanía a las fuentes de prueba aconseja seguir la instrucción en Valencia.

Cabe recordar que el PP interpuso otra querella contra Trenzano, en esta ocasión por falsedad documental, asegurando que el director general «mentía» cuando dijo que se habían fiscalizado las ayudas al fomento del valenciano concedidas a dos empresas «vinculadas a la familia del presidente de la Generalitat, Ximo Puig».

La Audiencia de Valencia ordena continuar la causa

En concreto, los ‘populares’ llevaron a los tribunales el acuerdo de 6 de abril de 2018, dictado por Trenzano, por el que desestimó una solicitud formulada el 27 de febrero por la diputada Eva Ortiz, en su calidad de su portavoz del Grupo Popular en Les Corts, en la cual «intimaba la cesación de la inactividad material y en la ejecución de sus propios actos de la Administración de la Generalitat en la fiscalización de las subvenciones otorgadas en los ejercicios 2015 y 2016» para el fomento del valenciano a las dos empresas mencionadas.

En un primer momento, el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia decidió sobreseer el procedimiento al entender que las manifestaciones de Trenzano debían encuadrarse «en el ámbito de las declaraciones con carácter político, administrativo y más propio de la disputa política», cuyo foro de tratamiento es la jurisdicción contencioso-administrativa.

Sin embargo, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, tras estudiar el recurso de apelación presentado por el PP, decidió a finales del mes de mayo revocar el archivo y ordenar la continuación de la causa.

El pasado mes de junio el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia ha citado a declarar en calidad de querellado al director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, y requirió documentación a la Conselleria de Educación. En julio, Trenzano acudió a los juzgados a declarar y se mostró «muy tranquilo» afirmando que esta causa formaba parte de «una estrategia del PP para erosionar».