La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha instado al Gobierno central a que “aumente la dotación de ayudas para los propietarios de los vehículos afectados por la riada del pasado 29 de octubre, porque la dotación actual es claramente insuficiente e insignificante,” y a que “exima del pago de impuestos en la adquisición de vehículos a aquellas personas que han tenido que comprar otro tras la tragedia”.
Asimismo, Cano ha requerido al Ejecutivo central a “que reclame a la Unión Europea una excepción temporal del régimen de minimis”, las normas que regulan la concesión de ayudas públicas a empresas de la UE, “en las zonas afectadas por la catástrofe”.
“El objetivo es garantizar la recuperación activa de la competitividad empresarial en las zonas damnificadas”, algo que “se está retrasando por la lentitud del Consorcio de Seguros a la hora de pagar las indemnizaciones a las empresas afectadas” y “decisiones del Gobierno como la de no eximir del pago del IVA a aquellas personas que se han visto obligadas a reponer su vehículo”. “Estamos hablando de 441 millones de euros que el Estado va a ingresar aprovechando una tragedia que ha sacudido a todos los valencianos”, ha agregado.
Ejecución presupuestaria dispar
En relación con las ayudas del Plan Reinicia Auto+ para la compra de vehículos que reemplacen a los dañados por los efectos de la DANA, los últimos datos muestran que el Gobierno español ha recibido un total de 29.642 solicitudes, de las cuales afirma que ya se han aprobado 14.706. Sin embargo, según la consellera, solo se han pagado aproximadamente 5.000, por un importe de 25 millones de euros, lo que representa el 16,8 % del total de las peticiones.
En cambio, la Generalitat, que ha recibido 86.904 solicitudes por todo tipo de vehículos, ya ha pagado 77.504, el 89 % del total. El presupuesto dispuesto por el Gobierno valenciano por este concepto es de 250 millones de euros, de los cuales ya se han abonado más de 147 millones, el 59 % de todo el dinero presupuestado.
Según Cano, «el Gobierno sigue sin pagar ni una sola de las ayudas de 10.000 euros para la compra de vehículos nuevos eléctricos, según los últimos datos aportados por el propio Ejecutivo, ya que argumenta que esta partida corre a cargo de fondos europeos y su tramitación es más lenta y compleja».
En este sentido, la consellera también ha destacado que “es el momento para que la Unión Europea dé un paso adelante, que se trabaje en la simplificación de los procesos, se evite la sobrerregulación que resta competitividad a los sectores productivos” en general, y a los afectados por la riada, como la industria auxiliar del automóvil, en particular.
“Trabajaremos de la mano de los sectores para impedir que la industria valenciana sufra un doble revés en un posible escenario de incremento de aranceles”, ha añadido, “pero para eso es necesario que las comunidades seamos agentes activos en el plan que redacta el Gobierno central, y que tiene que garantizar que cualquier ayuda llega a las pymes de manera ágil y directa”.
