Existe una discusión absurda entre los políticos —y sobre todo malintencionada, como la mayoría de ellas— relativa al porcentaje de extranjeros que delinquen en España, particularmente en agresiones y/o violaciones a mujeres.

Con las estadísticas en la mano, no hay duda de que cometen porcentualmente más delitos que los nacionales, pero no porque sean peores, ya que ello sucede hoy día en casi todos los países europeos que acogen a inmigrantes ilegales. O sea, que no es culpa estrictamente suya, sino de su situación.

Todos los que hemos visto centros de acogida a menores foráneos nos hemos sobrecogido por sus degradantes condiciones de vida, que no se deben a la voluntad de las autoridades españolas, digámoslo ya, sino a que los residentes triplican muchas veces la capacidad del centro.

¿Cuál es, pues, la solución una vez se ha producido la inmigración ilegal? Es decir, la llegada sin papeles, sin trabajo, sin ninguna vinculación al país de entrada, sin conocimiento de la lengua y sin posibilidades de subsistencia. Pues la más fácil para ellos: la delincuencia y, si son jóvenes, el sexo forzado a falta de relaciones sociales que permitan otra alternativa.

Es muy duro, durísimo, reconocerlo, pero el problema está en la inmigración ilegal en sí misma. Negarlo, como negar las estadísticas de delincuencia por un sentimiento falsamente progre, no resuelve el problema sino que lo encona, no disminuye las violaciones y otros delitos, sino que los potencia.

Ése, digo, no es un problema sólo de España, donde la tasa de delitos —cométanlos quienes los cometan— es inferior a la mayoría de países, pero sí que es nuestro problema y cerrar los ojos ante él es de idiotas o de suicidas.