Desde Tijuana hasta Tarifa, los inmigrantes, la inmigración ilegal se ha convertido en un problema político monumental. Mientras unos apuestan por su aceptación indiscriminada, con todos los derechos y beneficios sociales, en el extremo opuesto se aboga por levantar muros y aislar a los ilegales en centros de internamiento.

Realmente, ése no es el problema, sino la cara visible de la contradicción migratoria. Los países desarrollados necesitan mano de obra por la caída de la natalidad, el envejecimiento de sus habitantes y los ascos de una saciada población hacia tareas que considera indignas de ella. Pero nadie quiere aumentar sin razón el número de personas improductivas y dependientes.

He ahí, pues, una cuestión que va más allá de la solidaridad humana: ¿es factible mantener ad infinitum e in crescendo ese tipo de sociedad?

Si ello fuere perentorio, habría que hacerlo por una cuestión de humanidad, aunque fuese al precio final de un empobrecimiento colectivo. Pero es que hay otra variable que complica endemoniadamente la situación: la creación por parte de esos inmigrantes de una colectividad paralela y hasta hostil a aquélla que los acoge. Es esa sociedad subsidiada y sin trabajo en la que lógicamente aumenta la delincuencia, la oposición al sistema de valores democráticos y hasta se crea otra legalidad distinta de la oficial: desde Malmö hasta París, existen las llamadas no go zones, en las que ni hasta los gendarmes se atreven a ir, porque allí impera la ley de la sharia, con policía islámica incluida.

Ése y no otro es el tema de los inmigrantes: su integración en los países receptores, como sucedía con los movimientos migratorios hace cien, doscientos o trescientos años. Mientras que esa contradicción no se resuelva, el problema seguirá al alza.