EL EXTRAVAGANTE ACUERDO POR EL LAICISMO DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Mariano Rajoy, el hombre tranquiloMariano Ayuso Ruiz-Toledo. Abogado, Director de Ayuso Legal. Colaborador de NewsGrup

En estos tiempos en los que pensábamos ya superadas las pugnas entre partidarios de un Estado confesional católico y un Estado anticlerical militante, que hicieron correr ríos de tinta -incluso de sangre, pocas de éstas afortunadamente- a finales del siglo XIX y albores del XX, el Ayuntamiento de Valencia ha adoptado un acuerdo pro laicista que me atrevo a calificar -con todo respeto- de extravagante.

Y digo extravagante en su sentido más propio “extraño, desacostumbrado, que se sale de los límites”, porque resulta extraño que con los problemas planteados en la sociedad actual y, máxime, en un Estado constitucionalmente aconfesional (artículo 16.3 de la Constitución Española: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”), ahora se adopte un acuerdo -a propuesta de “Valencia en Comú”, con el voto en contra del Partido Popular y de Ciudadanos- por el que se hacen manifestaciones tan gratuitas (por innecesarias) como que la Administración es aconfesional, la separación Iglesia-Estado, que deben promocionarse los nombres, ritos, ceremonias, etcétera civiles -frente a los religiosos- y que la actuación municipal en los ritos y celebraciones católicas se ciñan a lo que sea un legado cultural e histórico.

Además, el largo acuerdo municipal -más de diez puntos- incorpora peticiones al Estado para que suprima exenciones tributarias a los bienes eclesiásticos, que no haya símbolos religiosos en los colegios electorales y para que se extinga el actual Concordato con la Santa Sede y se defina un nuevo marco de relaciones con ella.

Sorprende que -en el actual contexto político internacional- no se acuerde también que el Estado rompa el tratado de cooperación y ayuda mutua con Estados Unidos, que nos separemos de la OTAN o denunciemos los tratados de extradición con varios países.

A estas alturas del siglo XXI adoptar acuerdos de este tipo -que no tienen más que un contenido anticlerical decimonónico- es absurdo y su único objetivo obviamente es desviar la mirada de la opinión pública lejos de los problemas reales del municipio.  Tras casi cuarenta años de Constitución laica -y en muchos puntos laicista-, con una absoluta separación entre la Iglesia y el Estado, con un nivel elevado de comportamientos públicos abiertamente apartados de lo religioso (incluso con un índice de matrimonios canónicos inferior al de matrimonios civiles, algo que parecía insólito en España hace unos años), adoptar acuerdos políticos d este tipo es tanto como asumir que ya se es progresista sólo en lo anticlerical (como hace cien -y ciento veinte- años, los buenos burgueses capitalistas/ progresistas).

La principal interesada en la separación entre la Iglesia y el Estado ha sido la Iglesia, pues la vinculación con el Estado en épocas anteriores sólo le trajo unos parcos beneficios económicos -que, además, eran compensación por la expropiación legal de los bienes de la Iglesia en el siglo XIX-, pero limitó grandemente la difusión de su mensaje evangélico.

Actualmente, la Iglesia Católica es una más de las confesiones religiosas legalmente inscritas en España. Si es mayoritaria y tiene el tratamiento legal y constitucional que por ello le corresponde, eso no puede servir de pretexto para atacarla desde la instituciones -como el Ayuntamiento- en el que todos participamos, que todos pagamos y que a todos nos representa.

Desde aquí, con todo afecto y respeto -pues sé que no hay un ánimo persecutorio en ese acuerdo municipal, ni en otros semejantes, sino una necesidad de exhibir un progresismo para mi juicio trasnochado-, les ruego a las señoras y señores concejales de la mayoría municipal que se dediquen más a resolver los problemas del municipio y de los vecinos (como hacen, por cierto, primordialmente) y releguen a un plano reflexión y análisis histórico el problema de la separación entre la Iglesia y el Estado, sin caer en lamentables y anticuados tópicos laicistas.