Un nuevo Régimen en el que el Estado de Fuerza, de la fuerza de los Hechos, se va imponiendo paulatinamente al Estado democrático de Derecho, a la fuerza de la Ley.

Se pretende que haya varias Naciones. Respetando el nombre de Estado Autonómico se construye de hecho un auténtico Estado Federal.

Algunos Poderes públicos que emanan del pueblo español quieren seguir cambiando por su cuenta España, incluso dividiéndola, en clara desviación de poder, ya que utilizan el poder que les da la Constitución española para modificarla fraudulentamente, y además utilizan el Estado como moneda de cambio en función de los intereses particulares de los partidos…

Con lo que ahora se tiende a transformar aquellas Naciones en Estados, a que haya varios Estados y construir así una Confederación o Unión de Comunidades Políticas Libremente Asociadas que en nada se parece a lo que diseñó el soberano pueblo constituyente en 1978.

Ya ha sucedido en anteriores ocasiones. Por Ley de 15 de septiembre de 1932 se aprobó un Estatuto de Cataluña en el que esta Comunidad se constituía en «Región Autónoma» dentro del Estado español (artículo 1), y en el que se regulaba expresamente la modificación por cauces legales del Propio Estatuto, requiriendo para ello la aprobación de las Cortes de la República (artículo 18).

A pesar de ello el día 6 de octubre de 1934, en claro Fraude Constitucional, Cataluña proclamó por su cuenta el «Estado Catalán» dentro de la República Federal Española.

Lo que a su vez motivó un Decreto dado ese mismo día por la Presidencia del Gobierno de España (publicado el 7 de octubre) en el que se declaraba «el estado de guerra en todo de territorio de la República española».

Este Decreto alegaba en su Preámbulo  que «en Cataluña, el Presidente de la Generalidad, con olvido de todos los deberes que le impone su cargo, su honor y su responsabilidad, se ha permitido proclamar el “Estat Catala”»; es decir que había actuado en Fraude contra la Constitución de la República; y justificaba la declaración de estado de guerra en «la necesidad de reestablecer el imperio de la Constitución», y de «conservar las libertades que ha reconocido la República».

Hay un intérprete supremo de la Constitución y custodio de los límites de los Poderes constituidos, que es el Tribunal Constitucional.

Ha señalado en este sentido el Tribunal Constitucional lo siguiente (STC 76/1983): «Lo que las Cortes no pueden hacer es colocarse en el mismo plano del poder constituyente realizando actos propios de éste, salvo en el caso en que la propia Constitución les atribuya alguna función constituyente.

La distinción entre poder constituyente y poderes constituidos no opera tan solo en el momento de establecer la Constitución: la voluntad y racionalidad del poder constituyente objetivadas en la Constitución no sólo fundan en su origen, sino que fundamentan permanentemente, el orden jurídico estatal y suponen un límite a la potestad del legislador.

Al Tribunal Constitucional corresponde, en su función de intérprete supremo de la Constitución (artículo 1 de la LOTC), custodiar la permanente distinción entre la objetivación del poder constituyente y la actuación de los poderes constituidos, los cuales nunca podrán rebasar los límites y las competencias establecidas por aquél».

Pero no hay que olvidar que el propio Tribunal Constitucional es otro Poder constituido. Y que actúa a instancia de los demás Poderes constituidos (por la legitimación necesaria), que no hay recurso previo de constitucionalidad contra las leyes, declarándose la nulidad de las leyes después de varios años de haber sido promulgadas y aplicadas, que existen diecisiete Parlamentos y Gobiernos, más los del Estado, que continuamente acuden al recurso constitucional, que el Tribunal Constitucional es un mero legislador negativo… Por estas y otras circunstancias la garantía que supone el Tribunal Constitucional diseñado por Kelsen, siendo importante, no es suficiente.

La democracia, la libertad y la paz civil requieren ser defendidas, y su única defensa es el Derecho de un Estado democrático de Derecho. Para protegerlas y preservarlas el único camino es cumplir la Ley, empezando por la Constitución, también para reformarla.

Y el primero que debe hacerlo es precisamente el Poder, todos los Poderes públicos sin excepción. Un Poder constituido nunca puede rebasar los límites y las competencias establecidos por el Poder constituyente, que es el soberano pueblo español.

Por eso un Parlamento o un Gobierno que no cumple la Constitución se deslegitima, y carece de fuerza moral para pedir obediencia a la ley.

Aristóteles razonó acerca de la manera de conservar los Regímenes políticos y de modificarlos sin violencia, y lo primero que dijo es que la base indispensable es el respeto a la ley, de manera que ésta no se incumpla en nada, en especial en lo que parece de poca importancia.

Si no se cumple el Derecho no hay Estado de Derecho, y nada protege la libertad. Las palabras de Aristóteles (Política 1307 b) son estas: «Así pues, en los regímenes bien fundados, si algo se debe vigilar, ninguna cosa como que no se infrinja en nada la ley, y en especial vigilar lo de poca importancia, pues la trasgresión de la ley se desliza sin ser advertida; igual que un gasto pequeño, si se da con frecuencia, acaba con las fortunas.

El gasto, en efecto, pasa inadvertido porque no se hace de una vez. La mente se deja engañar por esos gastos, como en el caso de la argumentación sofistica: si cada cosa es pequeña, también el total.

Pero esto es cierto en un sentido y en otro no, pues el Todo y la totalidad no son pequeños, sino que están compuestos de cosas pequeñas. Así pues, ésta única precaución hay que  tener al principio, y luego no confiar en los argumentos compuestos para engañar al pueblo, pues son refutados por los hechos».

De manera que para construir España el único camino es cumplir y hacer cumplir, sin fraudes ni artificios, la Constitución vigente, incluso en lo que parece de poca importancia. Sería un gran absurdo proclamar la Soberanía del Pueblo y admitir que los Poderes públicos tienen derecho a ejercer su autoridad sin restricción alguna, siempre que den a su actuación apariencia externa de legalidad.

Eso sería convertir España en un Estado de Fuerza, ya que en un Estado de Derecho la autoridad que limita la libertad no puede ser nunca total e incontrolable.