Los fabricantes que no cumplan con los niveles establecidos deberán abonar multas millonarias

Esta normativa supone un incentivo para impulsar los vehículos eléctricos o híbridos

Este 1 de enero entra en vigor la nueva normativa europea que limita las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de los vehículos ligeros y que obligará a los fabricantes a que la media de sus automóviles vendidos en la región a partir de 2020 no genere más de 95 gramos de CO2 por kilómetro recorrido.

En caso de no cumplir con los niveles establecidos, la compañía podría exponerse al pago de multas millonarias ya que tendrán que abonar 95 euros por cada gramo y vehículo vendido que supere estas cifras.

Los productores de automóviles dispondrán de tres años para adaptarse a la nueva norma, tal como se desprende en el acuerdo al que llegaron los Veintiocho en Bruselas. Así, en el periodo 2020-2022, un coche que contamine menos de 50 gramos de CO2 por kilómetro se computará como dos ventas el primer año, como 1,67 vehículos en el segundo y como 1,33 automóviles en el tercero. No será contado como un solo vehículo hasta 2023.

El dióxido de carbono es el principal gas causante del efecto invernadero que está detrás del cambio climático. Según el último informe de Global Carbon Project, presentado en la Cumbre del Clima de Madrid, se estima que las emisiones de CO2 marcarán un nuevo récord en 2019.

Volkswagen y Grupo PSA, las compañías más afectadas

Teniendo en cuenta las ventas en Europa de las diferentes compañías, Volkswagen y el Grupo PSA podrían ser las peores paradas, aunque otros grupos como Renault, FCA o Daimler también podrían enfrentarse a sanciones.

La compañía alemana registró en 2018 emisiones de hasta 121,2 gramos por kilómetro, 26,6 gramos de más que, multiplicados por los más de 3,6 millones de vehículos comercializados en Europa, asciende a una multa de 9.190 millones de euros, según datos de Jato Dynamics recogidos por Europa Press.

Los automóviles del Grupo PSA, por otro lado, expulsaron de media 114,2 gramos de CO2 por kilómetro, lo que supone una sanción de 5.390 millones de euros. La compañía que parece encontrarse en mejor situación es Toyota, que solo tendría que pagar 550 millones ya que sus modelos emiten 101,3 gramos de CO2 por kilómetro, un nivel inferior al de los otros fabricantes.

Una solución eléctrica

Todas las marcas han aprovechado 2019 para potenciar sus ofensivas eléctricas y tratar de adaptarse a la estricta normativa europea, minimizando así las eventuales sanciones económicas que puedan recibir.

«Las potenciales fuertes multas están actuando como un gran incentivo para el lanzamiento de un número sin precedentes de nuevos vehículos eléctricos o híbridos», explica el vicepresidente y analista de Moody’s, James Leaton.

Por su parte, la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto) ha insistido en que para cumplir los objetivos de emisiones para el próximo año hay que pasar «del modo gasolina al modo diésel».

«Tenemos que pasar del 27% de diésel al 47%, y el resto debe ser híbrido y gasolina, y cómo no, híbrido enchufable, que seguro que será una parte importante de la solución», ha detallado el presidente de Faconauto, Gerardo Pérez, ya que el diésel emite menos CO2 a la atmósfera que la gasolina.

España logra situarse por debajo de la media europea

En 2018, las emisiones medias de CO2 de los coches nuevos vendidos en Europa alcanzaron los 120,6 gramos por kilómetro. Esto supone un 1,8% más en comparación con las cifras del ejercicio anterior, según datos de la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA).

Este incremento de las emisiones se debe a la mayor demanda de vehículos todocamino y, sobre todo, a la incertidumbre que se ha vinculado al diésel, que ha provocado un retroceso en las matriculaciones de los automóviles con este tipo de combustible, explican fuentes del sector a la agencia Europa Press.

España, por su parte, ha logrado situarse por debajo de la media europea en términos de emisiones de dióxido de carbono con 118,1 gramos por kilómetro, lo que supone una progresión del 2,7% en comparación con los datos recopilados durante el año 2017.