Desde su primera edición en Barcelona en 2006, ha tenido un impacto económico acumulado de casi 5.000 millones

Al igual que Madrid, otras ciudades como Shangai o París también han mostrado su interés en acogerla

El interés de Madrid por albergar el Mobile World Congress (MWC) no es nuevo.

Este deseo, ahora expresado por la presidenta de la comunidad Isabel Díaz Ayuso, ya se hizo evidente cuando la todopoderosa GSMA, asociación mundial que agrupa a los operadores de telefonía y organizadora del evento, mostró en 2017 su preocupación por la situación en Cataluña, advirtiendo que el evento necesitaba «seguridad y estabilidad política».

GSMA tiene un acuerdo con los socios del evento para que la sede del Mobile World Congress se quede en la capital catalana hasta el año 2023.

Sin embargo, los problemas de tráfico y huelgas de transporte público que Barcelona ha sufrido en las últimas ediciones de la feria, sumado a la situación política catalana, han llegado a provocar que los organizadores se planteen rescindir este contrato y trasladar la feria a otra ciudad.

El consejero delegado de GSMA, John Hoffman, admitió públicamente que en 2017 la organización estaba «extremadamente nerviosa» ante la posibilidad de independencia en Cataluña.

Al igual que Madrid, otras importantes ciudades como Shangai o París también han mostrado su interés en acogerla. No es para menos, ya que se trata de la mayor fería de tecnología móvil del mundo.

La visibilidad internacional y el impacto económico que aporta son enormes. No solo reune a representantes de todos los sectores de la industria de la telefonía móvil, sino también de múltiples ámbitos, como las finanzas, la sanidad o la automoción.

Impacto de casi 5.000 millones desde 2006

Solo en 2019, se estimó que su impacto económico sobre Barcelona fue de casi 500 millones de euros, con una creación de 14.000 puestos de trabajo temporales, a los que hay que sumar las contrataciones indirectas de hoteles, restaurantes y comercios.

Desde su primera edición en Barcelona, que se celebró en 2006, el congreso ha generado un impacto económico acumulado de alrededor de 4.800 millones de euros y unos 130.000 empleos temporales.

En la última edición, 109.000 personas pasaron por el congreso, superando el anterior máximo, logrado en el 2017 (108.000 visitantes). Contó con 2.400 empresas expositoras, 160 delegaciones gubernamentales y 200 países y regiones representados.