El Arzobispado de Valencia, liderado por Enrique Benavent, ha descartado intervenir directamente en la polémica generada en Sagunto. La institución eclesiástica rechaza aprobar un “decretazo” que obligue a modificar los estatutos de la Cofradía de la Purísima Sangre.
Desde la diócesis insisten en que las cofradías son asociaciones de fieles que se rigen por sus propias normas conforme al derecho canónico, por lo que cualquier cambio debe surgir desde dentro, mediante procesos de diálogo y “maduración”, evitando presiones externas.
La postura no es nueva: ya en 2022, bajo el mandato de Antonio Cañizares, se defendió la autonomía de estas entidades religiosas.
El Ayuntamiento eleva el tono: igualdad frente a exclusión
El alcalde de Sagunto, Darío Moreno, ha defendido públicamente la inclusión de las mujeres, subrayando que “no pueden ni deben ser excluidas de ningún ámbito por el mero hecho de serlo”.
El consistorio mantiene un equilibrio delicado: por un lado, respeta la autonomía de la cofradía; por otro, reafirma su compromiso con los principios constitucionales de igualdad y no discriminación.
Moreno insiste en que tradición e igualdad “no solo son compatibles, sino una garantía de futuro”, y pide abrir un proceso de diálogo que evite consecuencias mayores.
Amenaza del Gobierno: riesgo de perder el reconocimiento nacional
El Ministerio de Industria y Turismo ha iniciado los trámites para retirar a la Semana Santa saguntina la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional.
La decisión se fundamenta en la falta de igualdad en la participación, un requisito clave para mantener este distintivo. Además, el Instituto de las Mujeres estudia si los estatutos de la cofradía vulneran la legislación vigente.
Este escenario introduce un componente legal que podría derivar incluso en los tribunales, apoyado por precedentes como resoluciones del Tribunal Constitucional sobre discriminación en asociaciones religiosas.
Tradición frente a cambio: el corazón del conflicto
La Cofradía de la Purísima Sangre, con raíces que se remontan al siglo XV, ha rechazado por tercera vez en décadas la entrada de mujeres en sus filas.
Parte de los cofrades defiende esta decisión como una cuestión de tradición y autonomía: consideran que se trata de una asociación privada donde deben prevalecer sus normas internas.
Otros sectores, como el colectivo Semana Santa Inclusiva, denuncian una discriminación incompatible con la sociedad actual y reclaman una “igualdad total”. El debate evidencia una tensión estructural
División social y presión ciudadana
La polémica ha generado una fuerte polarización en la sociedad saguntina, aunque desde distintos sectores se insiste en que el conflicto se está desarrollando con respeto.
El propio alcalde ha pedido evitar la “criminalización” de colectivos concretos, especialmente de la Mayoralía 2026, señalada injustamente pese a no haber participado en la decisión.
Mientras tanto, mujeres afectadas reclaman poder participar plenamente en una festividad que consideran también propia.
Impacto económico y reputacional
La posible pérdida del título de Fiesta de Interés Turístico Nacional supone un golpe significativo para la proyección de la ciudad.
Aunque no implica financiación directa, este reconocimiento actúa como sello de calidad turística y contribuye al impacto económico de la Semana Santa en Sagunto.
Desde el ámbito político, incluso se han planteado medidas más contundentes, como la retirada de apoyo institucional mientras persista la exclusión.
Un conflicto abierto con múltiples escenarios
El futuro de la Semana Santa de Sagunto queda ahora condicionado por varios factores: La capacidad de diálogo dentro de la cofradía, la presión institucional y legal, la evolución de la opinión pública y las posibles consecuencias judiciales
El Arzobispado apuesta por una solución interna y progresiva, el Ayuntamiento reclama cambios urgentes y el Gobierno introduce la vía coercitiva.
En medio, una tradición centenaria se enfrenta a uno de los mayores desafíos de su historia reciente.
