El Partido Popular de Silla ha vuelto a pedir la dimisión del alcalde, Vicente Zaragozá, por el caso de las presuntas amenazas a una vecina que le había criticado en redes sociales. En esta ocasión, lo hace a través de una moción que se debatirá en el pleno ordinario de la próxima semana.
La iniciativa “exige la dimisión inmediata de Vicente Zaragozá como alcalde de Silla, por la extraordinaria gravedad de los hechos que se le atribuyen y por el daño ocasionado a la confianza de los ciudadanos en la institución municipal y en la neutralidad de la Policía Local”.
Aunque el PP de Silla ya había reclamado anteriormente la dimisión del primer edil, la formación insiste ahora con esta propuesta. Según los populares, el municipio vivirá una imagen “vergonzante” para todo el pueblo: la de su alcalde sentado en el banquillo de los acusados por un presunto delito de amenazas.
Los audios publicados en prensa, en los que se puede escuchar supuestamente al alcalde dar la orden de “asustar” a la vecina y calificarla de “pepera”, son para el PP “impropios de un representante público”. “Respetamos la presunción de inocencia, pero también hay una responsabilidad política que con estos audios es evidente porque queda claro cómo se las gasta el alcalde”, ha destacado la portavoz popular, Cristina Antón.
El PP pide explicaciones sobre la actuación policial
La moción también insta al alcalde y al equipo de gobierno a ofrecer explicaciones públicas y detalladas sobre las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil. Además, reclama aclaraciones sobre las presuntas instrucciones que se habrían trasladado a los agentes “para acudir al domicilio de la vecina con el objetivo de intimidarla y conseguir que se retractara de sus manifestaciones”.
Entre otras medidas, el PP pide a la Alcaldía que ordene la apertura inmediata de actuaciones de información reservada o de un expediente informativo sobre la actuación del comisario jefe de la Policía Local. El objetivo, según la iniciativa, es esclarecer su posible intervención en los hechos, las instrucciones que pudo impartir, su relación con los agentes actuantes y la eventual utilización de medios y recursos públicos con fines ajenos al servicio policial.
Para Cristina Antón, el pleno municipal de la próxima semana “tiene la obligación moral de decir alto y claro que está con la libertad de expresión, con la legalidad, con la utilización honesta de los recursos públicos y contra el abuso de poder”.
“De eso va esta moción, de sostener a un alcalde que nos saca los colores o de hacer que se vaya para que no nos avergüence más. El pueblo no merece un alcalde sentado en el banquillo por amenazar a una vecina”, ha concluido.











